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por Sergio Espinoza
·La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, viene siendo objeto de “campañas de acoso, estigmatización y cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales”.
Lima
CIDH pide medidas provisionales en favor de Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, por amenazas de muerte
El martes 18 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que requiera al Estado peruano adoptar medidas provisionales en favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y su familia, luego de las amenazas de muerte por parte de grupos extremistas.
En un comunicado de prensa, la CIDH precisó que, en el desempeño de sus funciones, Salas Arenas viene siendo víctima de campañas de acoso, estigmatización y cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales; así como de actos de intimidación, doxing, hostigamiento y amenazas de muerte.
La Comisión también consideró que las medidas implementadas por el Estado no han sido suficientes para la mitigación de los elementos generadores de riesgo y, por tanto, los derechos del magistrado se encuentran en una “situación de riesgo de extremo”
“[Salas Arenas] está expuesto a ser objeto de inminentes actos que materialicen la violación de sus derechos. Del mismo modo, se encuentran en riesgo las personas integrantes de su núcleo familiar, en tanto pueden ser objeto de represalias por su vinculación familiar”, se lee en la misiva.
La CIDH señaló que, además de las medidas provisionales en favor del jefe del JNE y su familia, es necesario que la Corte IDH solicite al Estado abordar el patrón de las amenazas contra Salas Arenas, además de mantener las medidas de protección.
Cabe precisar que las medidas provisionales son emitidas por la Corte en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas.
Las mismas tienen un carácter obligatorio para los Estados, por lo que las decisiones contenidas en ellas exigen a los estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo.
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Sergio Espinoza Periodista
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