Odebrecht | ¿Cómo van las investigaciones a los otros líderes políticos a propósito de la acusación fiscal contra Humala?

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos.

Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Susana Villarán son investigados por el caso Odebrecht. | Fuente: Foto: EFE/Congreso de la República/Andina/Congreso de la República

El caso Odebrecht, el mayor escándalo de sobornos del continente americano, remece las estructuras de poder de la clase política peruana. Y no es para menos. Sus ondas sísmicas alcanzaron a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), al fallecido Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y a la lideresa del partido derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Esta semana, el Equipo Especial del caso Lava Jato, creado en diciembre de 2016 para hacer frente a las investigaciones relacionadas a los graves actos de corrupción realizados por la multinacional Odebrecht y otras constructoras, movió la primera pieza del ajedrez. Y su primer despliegue ha estado dirigido contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia. Para el primero ha solicitado 20 años de cárcel por el presunto delito de lavado de activos, mientras que para la exprimera dama de la Nación, una pena de 26 años y seis meses, por los aportes de la firma brasileña para financiar sus campañas electorales en 2006 y 2011.

Esta acusación es la primera planteada contra un exmandatario por el caso Odebrecht, que en diciembre de 2016 admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para obtener y retener contratos de obras públicas.

El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, entregó en la Sala Penal Nacional el documento de 1,500 páginas en que el Ministerio Público sustenta la acusación. "A ella se le imputan tres hechos punibles referidos a la campañas de percibir dinero en 2006, por las cuentas de ocultamiento y la compra de inmuebles y la campaña electoral del 2011. A Humala son dos hechos que son la campaña del 2006 y 2011", dijo el magistrado.

Y en qué estado se encuentran las investigaciones a los otros líderes políticos. Aquí te lo explicamos de forma sucinta:

Alejandro Toledo

El exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró en abril pasado en la ciudad brasileña de Curitiba ante los fiscales peruanos que en total le pagó al expresidente y economista 31 millones de dólares en sobornos por los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. "¡Barata miente una vez más! Qué conveniente, ¿no?", contestó el economista a través de Facebook.

Él se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos desde hace dos años y, según su abogado Roberto Su, no regresará al país debido a que "no hay garantías de un debido proceso". Sobre Alejandro Toledo pesa dos medidas de prisión preventiva de 18 meses por los casos Odebrecht y Ecoteva. Además, enfrenta una solicitud de extradición.

Pedro Pablo Kuczynski

El exmandatario, que gobernó el país entre 2016 y 2018, es investigado por el presunto delito de lavado de activos procedentes de la corrupción en dos obras −la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de irrigación Olmos− realizadas por la multinacional Odebrecht.

Jorge Barata confirmó durante el interrogatorio que le hizo el Equipo Especial del caso Lava Jato que la constructora contribuyó con 300,000 dólares a la campaña de Kuczynski en el año 2011. El abril pasado, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios admitió el pedido de detención preliminar por 10 días contra el expresidente.

Tras abandonar una clínica en San Isidro, donde estuvo internado por presentar dolencias cardíacas, fue trasladado a su vivienda, donde cumplirá una orden de arresto domiciliario por 36 meses, mientras se le investiga en el marco del caso Odebrecht.

Keiko Fujimori

La lideresa del partido derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es acusada de liderar una presunta organización criminal dentro de este partido político, según las pesquisas de la Fiscalía en el marco del Caso Lava Jato.

Según la Fiscalía, esta organización "tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht en el Perú y diversas localidades del mundo".

Jorge Barata confesó el año pasado que Odebrecht aportó en total 1,2 millones de dólares a la candidatura de Keiko Fujimori en las elecciones de 2011. De igual forma, es indagada por los casos cócteles y actividades proselitistas realizadas en la campaña presidencial del 2016.

En noviembre pasado, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, dictó prisión preventiva por 36 meses contra la máxima dirigente de Fuerza Popular, quien cumple la orden judicial en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Allegados a Alan García

Barata reveló que la constructora aportó dinero a la campaña que llevó por segunda vez a Alan García al poder en 2006 y después le pagó más de cuatro millones de dólares a su secretario presidencial, Luis Nava. Una parte de la cifra fue depositada a la offshore Ammarin Investment Inc., del exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala.

El exdirectivo de Odebrecht dijo también que el aprista sabía que la empresa brasileña pagó sobornos durante el gobierno de su antecesor Alejandro Toledo. El pasado 17 de abril, Alan García se suicidó cuando un fiscal acompañado por policías llegó a su casa en el distrito limeño de Miraflores para detenerlo a raíz de este caso.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia dictó días atrás 36 meses de prisión preventiva contra Luis Nava y arresto domiciliario para Miguel Atala.

Susana Villarán

A la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se le acusa de haber recibido de manera irregular 3 millones de dólares de Odebrecht y 1 millón de la OAS para financiar la campaña por el "No" a la revocatoria. Según Jorge Barata, el dinero se pagó a pedido del entonces gerente municipal José Miguel Castro −dos millones en Brasil y un millón en Lima−.

En agosto último, el juez Manuel Chuyo Zavaleta declaró fundado el pedido de comparecencia con restricciones para Susana Villarán. La medida también alcanza a su exgerente municipal.

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