Vicente Zeballos sustentó ante el Congreso el pedido de facultades en materia carcelaria

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda llegaron la noche de este viernes al Congreso de la República para sustentar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para legislar en materia carcelaria.

Ambos representantes del Ejecutivo fueron citados por la Junta de Portavoces al Pleno del Congreso a fin de que expliquen la postura del Gobierno respecto del pedido de facultades. Ambos llegaron poco antes de las 10 de la noche.

Sustentación

En su presentación ante el Parlamento, que inició pasadas las 10:50, el titular del Gabinete Ministerial expuso sobre la situación actual del sistema penitenciario y las limitaciones que tiene para poder rehabilitar a los internos. Agregó que el hacinamiento ha evidenciado aún más las limitaciones de infraestructura que tienen las prisiones y centros juveniles.

Zeballos comentó también que actualmente hay 68 penales a nivel nacional con capacidad para 39,000 internos; sin embargo existen 97,000 internos. Se refirió a esta sobrepoblación como un desorden y dijo que existen internos que pueden ser rehabilitados. Agregó que la iniciativa no busca liberar internos solo por el hecho de liberarlos, sino que busca corregir las falencias del sistema.

“No traemos una propuesta de otorgamiento de facultades ligera, de liberar cárceles simplemente para que haya menos internos. Está impregnada de criterios técnicos jurídicos y sociales que de por sí se sostienen y que nos dan una oportunidad de poder corregir aquellas graves falencias que nuestro sistema penitenciario ha arrastrado por décadas”, dijo.

Por su parte, el ministro de Justicia inició su exposición realizando un repaso sobre la situación que ha afrontado el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en los últimos años. Según explicó, esta institución fue declarada en emergencia en cuatro oportunidades en los últimos 15 años (2005, 2012, 2017 y 2018). Agregó que desde 2010 la población penitenciaria se ha duplicado y que en ningún año subsiguiente se registró una disminución del ingreso de reos.

En esa línea, el ministro Castañeda sostuvo que el proyecto busca establecer un marco normativo que permita a los jueces incidir en el hacinamiento de estos centros. Dijo también que se han tomado medidas para salvaguardar a los internos y trabajadores de los penales de la COVID-19 y que también se ha logrado impulsar indultos a infractores como deudores alimenticios, pero que es necesaria una acción mayor.

“Queremos legislar para establecer un marco normativo que le permita a los jueces incidir sobre el hacinamiento de los 68 establecimientos penitenciarios del país y en centros juveniles (…) No es el Ejecutivo quien va a excarcelar, sino es el Poder Judicial, que evaluará caso a caso. Ayúdennos a ayudar a nuestras autoridades penitenciarias quienes están batallando en primera línea”, sostuvo.

Proyecto

El Poder Ejecutivo envió este viernes al Parlamento un proyecto de ley mediante el cual solicita facultades para legislar en materia penal, procesal y penitenciaria, a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de la COVID-19.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca legislar por el término de 7 días calendario, contados a partir de la vigencia de la norma, sobre materia penitenciaria.

Precisamente respecto a la revisión de medidas de coerción procesal, y a beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal, rendición de penas y demás figuras que permitan evaluar el egreso de personas condenadas por delitos leves.

Sobre estas se aplicarán medidas, procedimientos y/o mecanismos excepcionales para impactar de manera directa e inmediata a la sobrepoblación que afecta a los penales y evitar el contagio del nuevo coronavirus.