Por un sistema público que garantice el derecho a la salud, por Marco Arana

Nuestro sistema de salud pública ha sido debilitado y precarizado. En esta pandemia, muchos de nuestros hospitales se convirtieron en lugares de muerte para el propio personal de salud. Miles de ciudadanos que acudieron a los hospitales, no pudieron ser atendidos por falta de personal, de equipos, de medicamentos y hasta por falta de oxígeno. La gente se pregunta por qué el celebrado éxito del crecimiento económico se dio con abandono criminal de nuestro sistema de salud pública.

La Constitución neoliberal de 1993, convirtió la salud en una mercancía más y el Estado dejó de garantizar el derecho a la salud pública de toda su población. Con ello, sobrevino el desfinanciamiento del sistema de salud pública y se favoreció el predomino de los negocios privados de la salud que básicamente se concentran en manos de ocho grupos económicos ligados a bancos y aseguradoras que, encima, se aprovechan de la precarización del trabajo explotando al propio personal de salud.

Estructuralmente, recuperaremos el derecho a la salud en una Nueva Constitución. La implicancia práctica de esto es que habrá seguro de salud universal, se eliminarán los monopolios y oligopolios y habrá competencia en el mercado con el concurso del sistema de farmacias del Minsa y Essalud, que serán bien gestionadas y con controles exigentes para evitar ineficiencias o corrupción.

El aporte para el seguro de salud de los trabajadores que están en planillas será por descuento y depositado a un fondo intangible. El seguro de salud para decenas de miles de personas indigentes será por ampliación de la cobertura del SIS. Estableceremos un plan de cobranza de deudas públicas y privadas para cerrar las deudas de Essalud y eliminaremos las exoneraciones tributarias que atentan contra su mejor recaudación.

A nivel de la gestión pública. La descentralización en salud ha sido mal llevada. Al no haber carrera pública, los directores regionales de salud no responden a criterios profesionales ni de gerencia pública. Eso debe terminar. Iniciaremos la formalización en el sector salud. Los que están contratados serán nombrados. Los nombrados serán capacitados permanentemente y, a partir de julio de 2022, todo el que ingrese deberá hacerlo por examen transparente y acreditado.
Recuperaremos con carácter de urgencia el sistema primario de salud. Eso implica salir del enfoque biomédico corporativo y lucrativo. Nuestra política buscará más promoción y prevención para tener menos enfermos.

Para ello, de manera progresiva, capacitaremos y contrataremos al personal de salud para los centros de salud de todo el país. Al mismo tiempo, rediseñaremos el programa de agentes comunitarios de salud para que, al término de un año de capacitación, pasen a uno segundo en el que serán evaluados y acreditados como técnicos de salud. Esto tiene impacto directo en las comunidades nativas y más alejadas del país. Si la pandemia se prolonga, movilizaremos a estudiantes del último año de las profesiones de ciencias de la salud y se los reconoceremos como prácticas de SERUM.

Nuestro gobierno priorizará el plan de construcción de agua y saneamiento, así como el de alimentación saludable. No hay derecho a la salud sin protección social eficiente. La acción intersectorial entre MINSA, MIDIS, MIDAGRI y Ministerio de Vivienda es fundamental.
Nuestro gobierno priorizará la adquisición de vacunas, así como dará todo el apoyo que necesitan nuestros científicos peruanos para sus investigaciones en inmunología, el desarrollo de fármacos y biodiversidad, así como para el desarrollo de equipos biomédicos.