Una cruzada por la formalidad, por Alberto Beingolea

Nuestra economía es una de las más informales del mundo junto a las de Bolivia, Panamá, Venezuela y Zimbabwe. Perdidos veinte años tras el desastre del Gobierno Militar, en 1992 el ingreso promedio por peruano era similar al de 1962. Y comparando afuera, en 1970 el ingreso promedio por peruano era similar al de Taiwán, que hoy, es el cuádruple del nuestro.

Después redujimos el Estado y progresamos, pero sin alcanzar el ideal de justicia deseado. Ahora, tras la pandemia, podremos sufrir un duro retroceso, sobre todo si permitimos que se plasmen los discursos que nos quieren llevar al pasado, uno de cuyos mayores fracasos fue la seguridad social.

Proponemos una cruzada nacional por la formalidad, que cambie paradigmas y de verdad proteja, porque la informalidad mata y la ineficiencia estatal también.

Queremos impulsar dos reformas, una que promueva el empleo digno y otra de protección social. Nadie se formaliza por una promesa de ingresos a los 65 años. Menos cuando los regímenes de pensiones privado o públicos son tan deficientes.

La reforma de protección social debe asegurar a todos los ciudadanos tres beneficios:

1. Protección de sus ingresos ante el despido o desastres.
2. Atención de salud. El PPC propuso la ley de aseguramiento universal de salud. Debemos concentrarnos en mejorar la atención de salud, especialmente la primaria.
3. Una pensión digna.

La reforma debe cambiar paradigmas sin temor. Si hoy cuatro de cinco peruanos no están en planilla, es obvio que la protección social no puede asociarse a la boleta de pagos. Debe asociarse al consumo. Y al hacerlo, el Estado debe cofinanciar el IGV y la protección social de los más vulnerables.

La idea es dejar de financiar la pensión y la salud con el sueldo de quienes están en planilla, porque se debe proteger a la persona, no al puesto. Y en respeto a su dignidad, cada una debería tener ingresos, salud y pensión, estando en planilla, trabajando por su cuenta o desempleada.

El cambio de estos dos paradigmas será especialmente favorable para las mujeres más vulnerables. Solidariamente, con nuestros impuestos, los peruanos las protegeremos de caídas temporales de sus ingresos, las ayudaremos a atender su salud y la de sus hijos, y les permitiremos tener una pensión digna.

El esquema actual cobra de los sueldos de quienes tienen empleo formal en planilla, desalentando la formalidad. Se sabe que dos de cada cinco de quienes están en la ONP no tendrán pensión, mientras que los afiliados al SPP recibirán una pensión que, en promedio, será el 30% de su sueldo. Y en el proceso, se pagará caro a una AFP, que somo puede invertir dentro del corsé que define el Congreso y no puede diseñar los planes de pensiones que administran. ¿Quién querría formalizarse así?

Vietnam hizo una reforma de seguridad social en la primera ola de la pandemia. Es un modelo a seguir, pues formaliza y a la vez protege desde el nacimiento. Planteo que hagamos nuestra reforma en la segunda ola. Los Bonos 600 que se otorgarán a la mitad de los hogares, que incluyen a los pobres y vulnerables, podrían ser el inicio del proceso. Para ello, una dificultad sería que, así como ocurrió en la primera ola, el Estado aún no sabe qué hogares son pobres y vulnerables. Pongo a disposición a las dirigentes del PPC, que sí saben en varios sectores, muchos de los cuales se enfermaron en la primera ola distribuyendo las canastas, así como a nuestros especialistas para trabajar este esquema.