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por Redacción RPP
·En un comunicado, la CIDH consideró que la eventual remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes su preocupación por la apertura de una investigación sumaria en el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que busca destituir a los siete integrantes de este organismo encargado de designar, evaluar, ratificar y sancionar a los jueces y fiscales del país.
En un comunicado publicado en su página oficial, la CIDH califica a la JNJ como un "organismo autónomo clave para garantizar la independencia e idoneidad de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales" y recuerda que el proceso desarrollado en el Parlamento peruano podría concluir con la remoción del pleno de esta entidad.
Tras hacer un recuento de los fundamentos de la investigación parlamentaria, la CIDH señala que, de acuerdo a información de "organizaciones de la sociedad civil y personas operadoras de justicia", el procedimiento en el Congreso "no estaría fundamentado en una causal disciplinaria específica prevista en el ordenamiento jurídico". Además, indica que "los hechos que dieron lugar a la apertura del procedimiento en cuestión" también "estarían siendo conocidos y tramitados por otras comisiones del Congreso en el marco de la figura acusación constitucional".
Tras esa exposición, la CIDH indica que, a su criterio, "las personas operadoras de justicia son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático". Además, señala que su presencia contribuye a reducir y superar riesgos derivados de las interferencias que pueden provenir de otros poderes del Estado".
El principio de la legalidad y el debido proceso
La CIDH reconoce la importancia que tienen los controles políticos sobre los pesos y contrapesos en el poder público; no obstante "advierte que los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos de disciplinarios en conformidad con el derecho internacional".
Por esa razón, el organismo señala que "todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso".
"Ello exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos. Asimismo, que las personas operadoras sean juzgadas por un juez competente, independiente e imparcial, asegurando en todo momento el derecho de defensa", advierte la CIDH.
Finalmente, la CIDH considera la eventual remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú.
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