Luego de que el Gobierno de México otorgara el asilo diplomático a la extitular de la PCM Betssy Chávez, el ministro de Relaciones Exteriores advirtió ante el Consejo Permanente de la OEA que no se debe usar esta figura para "eludir la justicia" por criterios ideológicos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sustentó hoy ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., la posición oficial del Estado peruano para reformar los mecanismos de concesión de asilo diplomático en la región.
Luego de que el Gobierno mexicano otorgara el asilo a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, el canciller planteó la necesidad de establecer procedimientos que obliguen a consultar la situación legal del solicitante en su país de origen antes de tomar una decisión.
“Lo que proponemos es afrontar juntos estos desafíos y proponemos hacerlo conviniendo que, cuando se evalúen los pedidos de asilo diplomático en el marco de la Convención de Caracas y otros instrumentos, la naturaleza de los delitos se analice de manera oportuna y objetiva, con la información proporcionada por el Estado territorial, así como otras fuentes confiables antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado”, argumentó.
"No desvirtuar la institución"
Más adelante, De Zela advirtió sobre los riesgos de politizar la figura del asilo y señaló que actualmente la calificación del delito depende de criterios subjetivos que pueden favorecer la impunidad.
“Es esencial no desvirtuar la institución del asilo diplomático y evitar que se convierta, en función a criterios ideológicos, en un instrumento para eludir la justicia”, enfatizó.
Para el canciller es crucial que la aplicación del artículo 9 de la Convención sobre Asilo Diplomático deje de depender exclusivamente de la interpretación unilateral del país asilante y se base en “procedimientos institucionales que aseguren objetividad, trazabilidad y responsabilidad del Estado”.
Límites ante la corrupción y delitos comunes
El canciller indicó que el asilo no es una carta blanca y debe tener restricciones claras frente a crímenes graves. “El asilo no debe concederse a personas que hayan sido condenadas o sobre las que existan serios indicios de haber cometido delitos graves como los contemplados en instrumentos internacionales y regionales sobre terrorismo y corrupción”, afirmó.
Finalmente, De Zela citó la legislación nacional para reforzar la postura peruana frente a casos como el de los exfuncionarios investigados por el fallido golpe de Estado.
No obstante, cabe recordar que, tras la concesión del asilo a Betssy Chávez por parte de México, la posición del Estado peruano fue de "demorar la consideración del salvoconducto" a fin de realizar la consulta justamente ante la OEA.
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