Desde el Ministerio de Justicia señalaron que recién les notificaron hoy sobre la reposición de Daniel Soria y por tanto procedieron a enviar "a la instancia correspondiente" la resolución del Poder Judicial con la orden para que regrese a la Procuraduría General del Estado.
El Ministerio de Justicia informó que este miércoles fue notificado de la resolución del Poder Judicial que ordenó la reposición inmediata de Daniel Soria al mando de la Procuraduría General del Estado y, en consecuencia, anunció que remitirá esta orden "a la instancia correspondiente" para el cumplimiento de este mandato judicial.
"El mismo día de ser notificados, y en cumplimiento al mandato judicial, se ha procedido a remitir a la instancia correspondiente el proyecto de resolución que resuelve y dispone al señor Daniel Soria Luján en el cargo de Procurador General del Estado", indicaron en un comunicado.
Esta mañana, Daniel Soria, junto con su abogado, acudió a la sede de este organismo para retomar posesión de su cargo luego de que el Poder Judicial ordenara su reposición; sin embargo, no pudo ingresar a su oficina, la cual todavía estaba ocupada por Javier León, quien continúa en funciones pese a que presentó su renuncia.
En declaraciones a la prensa, Daniel Soria comentó que logró conversar brevemente con Javier León; no obstante, el funcionario le indicó que no era "la persona indicada" para hacer cumplir la medida dictada por el Poder Judicial. Al respecto, su abogado, Joseph Campos, señaló que este último es actualmente "un usurpador".
"Quiero precisar que desde hoy el señor Daniel Soria Luján es el procurador general del Estado por disposición del juez constitucional. La forma como hemos visto hoy, la resistencia de un renunciante -Javier León- nos extraña porque él sabe que, según la resolución judicial, él (Daniel Soria) ya es Procurador General del Estado", señaló.
Momentos antes, en entrevista con RPP Noticias, Joseph Campos exigió que se cumpla su reposición en el cargo ordenada por el Poder Judicial. En ese sentido, calificó de "absolutamente incorrecto" que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señalara que no acatarán esta medida hasta que exista una sentencia firme.
"La siguiente consecuencia de esta decisión es que ya no existen dudas de que el control constitucional que hace el juez ha establecido que es un infractor de la Constitución junto con el presidente porque lo que ha establecido es que esa resolución que lo sacó por una supuesta pérdida de confianza es materialmente una infracción a la Constitución", indicó en RPP.
"Si alguien podía especular, ya no: es una infracción a la Constitución, entonces lo que correspondería para efectos de establecer una sensatez en todo esto es que lo que dijo (Aníbal Torres), ahora que hay Consejo de Ministros vuelva a la sensatez porque creo que fue un error, al que llevó al presidente, y creo que no debería exponerse", agregó.
Poder Judicial ordena reponer a Daniel Soria en la Procuraduría General
El martes pasado, el Poder Judicial ordenó la reposición inmediata de Daniel Soria al mando de la Procuraduría General del Estado. El juez Jonathan Valencia admitió el pedido de ejecución anticipada de la sentencia a favor del exprocurador y mandó su realización bajo pena en caso de incumplimiento.
"Ordenar que la entidad demandada (Poder Ejecutivo y PCM) proceda a restituir a Daniel Soria en el cargo de procurador general del Estado, bajo responsabilidad funcional y penal que conlleve el incumplimiento a un mandato judicial", se puede leer en la resolución.
El último lunes, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima había declarado improcedente un recurso que ordenaba la reposición de Soria. No obstante, quedaba pendiente resolver el fondo, donde finalmente se determinó que proceda la demanda.
Daniel Soria fue removido del cargo en febrero del presente año. En ese entonces, Aníbal Torres estaba al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y admitió la salida de Soria, luego de que este denunciara al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación.
Los presuntos delitos que se le imputaban al jefe de Estado eran patrocinio ilegal y tráfico de influencias y respondían a las visitas de la empresaria Karelim López a Palacio de Gobierno.
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