Canciller dice que pedir condenas en pocos meses por muertes en protestas sería manipular "las expectativas"

La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, consideró ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que "sería lindar con la manipulación de las expectativas" solicitar que, a pocos meses de ocurridas las muertes en las protestas contra el Gobierno, haya condenados por la justicia.

Durante su participación en la II sesión plenaria de Asamblea Plenaria General de la OEA, Ana Cecilia Gervasi señaló que el Perú presenta "retos en materia de derechos humanos" y afirmó que muchos se arrastran desde hace décadas y son estructurales, mientras que otros tuvieron su origen tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

"En estos últimos retos se mezclaron dos fenómenos. Por un lado, entendibles reclamaciones pacíficas producto de la frustración de poblaciones, que habían debido sufrir la incompetencia y corrupción de un régimen en el que la pobreza aumentó de 20% a 30%. Por el otro lado, los actos vandálicos de grupos violentistas que trataron de atentar contra el Estado de derecho afectando libertades y derechos de importantes sectores de la sociedad de 33 millones de peruanos", dijo.

Ana Cecilia Gervasi sostuvo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que en ese marco se produjeron hechos que podrían constituir violaciones a los derechos humanos que deben ser investigados. Esto junto a otras apreciaciones con las que el Gobierno de Dina Boluarte "discrepa respetuosamente".

"La colaboración del Gobierno es completa"

De otro lado, la canciller destacó que el Gobierno toma con satisfacción el informe sobre la sucesión presidencial que tuvo lugar en ocasión del intento de golpe de Estado "que la democracia peruana frustró". Además, aseguró que el Gobierno coincidió con la CIDH en que "los hechos deben ser investigados".

Para eso, Ana Cecilia Gervasi remarcó que la Fiscalía ha conformado una comisión especial para casos con víctimas de las protestas sociales, que cuentan con el apoyo técnico de la Oficina de la Naciones Unidas en el Perú. También precisó que se han llevado a cabo más de 300 actuaciones en diversas fiscalías a nivel nacional y destacó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ante el Ministerio Público. "La colaboración del Gobierno es completa", añadió.

La canciller recordó también que el Estado peruano autorizó el otorgamiento de un apoyo económico y un seguimiento integral en materia social y de salud en favor de los deudos de las personas fallecidas, civiles y policías, así como las personas heridas de gravedad.

"Sin embargo, sería lindar con la manipulación de las expectativas pedir que en solo cuestión después de pocos meses haya condenados, luego de ser juzgados en procesos ajustados a ley surgidos de investigaciones imparciales de órganos independientes competentes", indicó.

Asimismo, Ana Cecilia Gervasi insistió que el Gobierno discrepa de muchos de los señalamientos de la CIDH, así como de la manera en que este organismo ha presentado públicamente su reciente informe pues representan "una visión reduccionista" que no ha tomado en cuenta la complejidad de la situación y de sus aristas. "Tampoco las observaciones que hicimos llegar oportunamente", añadió.

"Sin perjuicio de lo anterior quiero ser muy enfática que el Perú no deja de respetar y valorar el importante trabajo que realiza el CIDH como institución y hoy reitero nuestro firme compromiso con el sistema interamericano de Derechos Humanos, el que a pesar de todas las dificultades estamos empeñados en perfeccionar", expresó.

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