Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, tiene una orden de detención preliminar en su contra y sigue no habido. Su abogado, Humberto Abanto, apeló la decisión judicial, señalando falta de pruebas y generalidades contra su defendido.
La Fiscalía y efectivos de la Policía ejecutaron ayer, lunes, una orden de allanamiento a los domicilios de Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, y otros investigados en el caso 'Los socios del Callao'. Además, se ordenó detención preliminar, por 15 días, contra Castillo Rojo; no obstante, este se encuentra no habido.
El Ministerio Público señala que el gobernador regional del Callao habría liderado, junto a dos funcionarios nombrados en su gestión, una presunta organización criminal que habría operado evitando los procesos de selección establecidos por ley y dirigiendo más de 60 contrataciones públicas en dicha gobernatura y el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED) del Callao, causando un perjuicio económico al Estado de S/ 1 461 121.10.
Ante ello, Humberto Abanto, abogado de Castillo Rojo, presentó un recurso de apelación al Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, solicitando que se "revoque totalmente" lo decidido contra su patrocinado y que se declare infundados no solo el requerimiento de detención preliminar sino también el "allanamiento con descerraje, registro domiciliario, registro personal, incautación y/o decomiso de bienes del inmueble" contra su defendido.
Argumentos
Según alega Abanto, "la condición de líder de una organización criminal" que señala la Fiscalía contra Ciro Castillo se basa en "dos hechos ilícitos": "ser gobernador regional del Callao y haber designado a personas en cargos públicos, conforme a las atribuciones de su puesto de máxima autoridad regional".
"Ningún dato objetivo se aporta acerca de que haya participado en los procedimientos de contratación cuestionados, por razón de [su] cargo; y que hayan sido ejecutados por órdenes [suyas]. Se sustituye los datos objetivos por simples suspicacias", indica.
Respecto al riesgo de fuga, el letrado indica que la sustentación se basa en “su condición de autoridad política [que] le otorga capacidades logísticas y económicas” y en que “funcionarios de alto nivel disponen de redes de apoyo”. Dichos argumentos, según el escrito, "no son más que afirmaciones genéricas aplicables no solo a cualquier autoridad, sino a toda persona por encima de la línea de pobreza. No se aporta elemento probatorio alguno que se oriente a sustentar la alta probabilidad de que el imputado fugue".
"Por otra parte, la resolución establece que el investigado Ciro Castillo Rojo Salas 'podría influir en funcionarios activos' y 'facilitar la desaparición de documentos', pero sin precisar quiénes serían esos funcionarios ni precisar cuáles serían esos documentos. Peor aún, no da cuenta de cuáles son las disposiciones de protección de declaraciones y documentos impartidas por el Ministerio Público u ordenadas por el JIP, que hayan sido infringidas o afronten un peligro concreto de ataque por parte de mi defendido", señala el recurso.
"El Juzgado, al hacer uso de expresiones hipotéticas -como 'podría' o 'es razonable inferir'-, pone en evidencia la ausencia de hechos actuales que sustenten la medida. Cabe agregar que la motivación debe ser concreta y no basada en suspicacias, conjeturas o presunciones genéricas, en especial, cuando se afecta el derecho fundamental a la libertad. Los peligros no pueden ser únicamente abstractos, es indispensable que concurran peligros concretos para justificar la decisión de interferir dentro del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental", agrega.
Asimismo, el abogado considera que el juez, "al realizar el examen de idoneidad, no explica por qué cada investigado presenta un peligro concreto de fuga", ya que "no hay datos sobre conductas previas, intentos de ocultamiento o circunstancias personales que nos coloquen frente a una situación riesgosas que exija ser conjurada por la medida solicitada". "Se limita a repetir argumentos abstractos", sostiene.
Finalmente, señala que la judicatura, al sostener que existe un “riesgo inminente de eliminación o borrado de información” por parte de Castillo Rojo, "incurre en una motivación aparente porque no se acompaña datos objetivos que demuestren que los investigados han intentado destruir pruebas o que poseen medios para hacerlo".
"El principio de necesidad exige que la restricción de derechos fundamentales se funde en circunstancias específicas que revelen urgencia real. Sin embargo, el texto se limita a enunciar un riesgo abstracto aplicable a cualquier investigación", puntualiza.
Policía indica que ejecuta trabajos para capturar a Ciro Castillo
Según el general PNP Luis Alberto Lira Limo, director de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), la última vez que se le vio a Ciro Castillo fue en una actividad pública fue "hace 4 días".
"Hace cuatro días se le vio en una actividad social, participando. A partir de que comenzamos el trabajo ya no se le ha visto al presidente regional. Justamente estamos ahorita efectuando el trabajo, con dirigencia del Ministerio del Interior, para lograr ubicarlo", indicó.
"En la mañana, hemos detenido a cuatro; hace una hora hemos tenido uno más, cinco. Faltan efectuar allanamientos y ojalá que en esos allanamientos que se tiene [pendientes], se le puede encontrar a él y a los otros dos funcionarios que falta por detener", puntualizó.
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