Poder Judicial dispuso abrir juicio oral contra Alejandro Soto por reparación civil en caso de presunta estafa

El Poder Judicial dispuso la apertura de un juicio oral contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, donde se discutirá el pago de reparación civil que demanda la empresa turística Waynapicchu S. A., en el proceso donde fue investigado por presunta estafa.

La medida fue dispuesta por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Cusco que aceptó el requerimiento de la empresa agraviada que demanda una reparación económica ascendente a S/1 371 981,58, la cual "debe darse en audiencia y respetando el debido proceso".

No obstante, la magistrada a cargo del proceso, Yeny Olivares Tapia, programó el inicio de la audiencia "para el trece de marzo del año 2024, a horas nueve de la mañana", es decir, dentro de 7 meses.

Prescripción habría sido favorecida por "Ley Soto"

Tal como indica la resolución judicial, pese a que el caso habría prescrito, corresponde que se determine el monto de reparación civil a favor de la empresa por un caso de presunta estafa.

"La parte agraviada (...) al haber quedado consentida el auto de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, solicita (...) la instalación de juicio oral para reclamar su pretensión con relación a la reparación civil, ofreciendo para ello (...) los medios probatorios que fueron admitidos por el Ministerio Público", señala el documento.

"Si bien en autos, la acción peal ha prescrito, ese hecho no impide que el juez de la causa se pronuncie sobre la reparación civil por haberse generado menoscabo a la parte agraviada por las conductas ilícitas atribuidas a la parte imputada", añade.

Cabe resaltar que Waynapicchu S.A. presentó dicha solicitud luego de que el referido juzgado penal considerara prescrita la acción penal por la que la Fiscalía solicitaba ocho años y ocho meses de cárcel para el presidente del Congreso. Esto tras acogerse a la ley de prescripción aprobada el pasado mes de mayo en el Parlamento y que fue votada a favor por Soto Reyes. 

La ley modifica el código procesal penal respecto a los plazos de suspensión de la prescripción de delitos, lo que plantea un tiempo determinado de vencimiento. El dispositivo legal permite que los imputados queden libres de las acusaciones en su contra y que la capacidad de suspensión del plazo de vencimiento que tiene la autoridad se fije en un máximo de un año, sin importar el delito.

El abogado de la empresa Waynapicchu, Darwin Urquizo, afirmó a RPP Noticias que el abogado de Alejandro Soto se unió a un pedido de otras defensas involucradas en el caso, a fin de que se aplique la ley y por tanto los casos prescriban. 

“Él y todos los otros imputados (se beneficiaron). Yo estuve en la audiencia defendiendo a la empresa agraviada y tanto la defensa del señor Soto, como la defensa de los otros imputados, solicitaron que se aplique esta ley, que se promulgó en mayo y que recorta el plazo de la prescripción de la acción penal”, sostuvo.

La Fiscalía señala que Soto firmó un contrato con la referida compañía en diciembre de 2012 para elaborar sus estatutos. Cobró por este servicio, pero no habría entregado el trabajo a la empresa.

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