Análisis | ¿Peligran los acuerdos de colaboración firmados con las empresas brasileñas?

La Fiscalía y la Procuraduría del Perú están llevando a cabo acuerdos de colaboración eficaz con Odebrecht y OAS, las dos constructoras brasileñas más importantes involucradas en casos de corrupción en nuestro país. Sin embargo, estos acuerdos pueden verse afectados por la coyuntura política y jurídica, consideran los analistas.

Para el abogado penalista Carlos Caro, podría afectar el proyecto de ley que presentó la congresista de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, para derogar la Ley 30737, que norma las condiciones de un acuerdo de colaboración. También podría afectar la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la que será interrogado sobre el acuerdo firmado con Odebrecht.

En el ámbito político, la iniciativa de ley presentada “tiene que ver con el deseo de algunas bancadas de frustrar esta investigación y la entrega de información jurídica”, aseveró.

“Es la primera vez que se ha dado una colaboración y dejar sin sentido la ley a estas alturas, cuando ya se ha entregado información y documentación, sería gravísimo porque toda esta información tendría que desaparecer del escenario. Si no se homologa este acuerdo, el fiscal no va a poder usar esta información en los procesos, por lo que varios de esos casos podrían pasar a la historia”, agregó.

“Todo lo trabajado se anula, así de simple”, acotó por su parte el penalista Mario Amoretti. “Pedir ahora la nulidad de esa ley que ellos mismos [los legisladores] aprobaron, es lo más grave”, añadió.

Por su parte, el abogado Luciano López consideró que algunos legisladores tendrían una “actitud de procurar dinamitar todo el marco legal sobre el que esta [Odebrecht] y otras empresas se puedan acoger”.

Interpelación a Zeballos y rol de la Fiscalía

Luciano López además expresó su preocupación por la interpelación al ministro Vicente Zeballos que, consideró, “tiene un trasfondo político”. Según dijo, el Congreso no puede cuestionar a Zeballos sobre el contenido del acuerdo porque es confidencial por ley. “El ministro, aunque lo sepa, no podría hablar sobre el contenido de ese acuerdo. Lo que le están pidiendo es una ilegalidad”.

En ese caso, Amoretti opina que Zeballos debería acogerse al principio de reserva del proceso “porque lo ampara la ley y ningún Congreso tendría que reclamarle eso”.

López señaló que el Congreso, a través de la interpelación, estaría usando un mecanismo “para ejercer una competencia que no le es atribuible, porque el único que puede hacer cuestión es el juez” encargado de aprobar el acuerdo.

En caso de que el ministro sea censurado y, pese a ello, el juez apruebe el acuerdo, los congresistas habrían incurrido en una “injerencia política en cuestiones judiciales”, lo cual -dice Caro- es “inconstitucional”.

Con todo, Amoretti y López coinciden en que es momento de que la Fiscalía de la Nación intervenga en este tema y denuncie a los legisladores. Para el primero, algunos de ellos estarían incurriendo en encubrimiento real y encubrimiento personal.

“Si hay responsabilidad de los congresistas, que la fiscal de la Nación [Zoraida Ávalos] defienda a los fiscales y a la lucha contra la corrupción y que formule una denuncia constitucional denunciar contra Vilcatoma y los demás porque habrían cometido un delito”, dijo el segundo.