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por Julio Cisneros
·La defensa legal del expresidente Pedro Castillo sostiene que la resolución emitida por el juez supremo Checkley Soria vulnera las garantías de defensa, tutela jurisdiccional, debido proceso y debida motivación, ya que cuando su patrocinado fue detenido tras su fallido golpe de Estado, el coronel PNP Ramos Gómez no comunicó a su defendido los hechos materia de la detención.
La Corte Suprema revisará la resolución judicial que rechazó un pedido que hizo el expresidente Pedro Castillo para que se archive el proceso penal que se le sigue por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y se ordene su reposición en su cargo de mandatario.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida al declarar "bien concedido" el recurso de apelación que presentó el exmandatario para que se revoque la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley el último 2 de febrero en la que declaró "improcedente" un recurso de tutela de derechos que presentó su defensa legal en el que hacia estos pedidos.
El tribunal presidido por el juez supremo César San Martin determinó que se cumplieron los presupuestos previstos en el Código Procesal Penal para que este recurso de apelación sea admitido para ser resuelto, por los que en los próximos días deberá estar señalado la fecha y hora de la audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes involucradas a fin de emitir un veredicto definitivo.
La defensa legal del expresidente Pedro Castillo sostiene que la resolución emitida por el juez supremo Checkley Soria vulnera las garantías de defensa, tutela jurisdiccional, debido proceso y debida motivación, ya que cuando su patrocinado fue detenido tras su fallido golpe de Estado, el coronel PNP Ramos Gómez no comunicó a su defendido los hechos materia de la detención, por lo que debe reestablecerse el "status quo" y dictarse medidas de corrección y protección, así como el sobreseimiento o archivo de la causa.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y de la sociedad a raíz del fallido golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre del 2022.
El proceso penal que afronta el exmandatario sobre este caso se encuentra ahora en la etapa intermedia o de control de esta acusación fiscal como acto previo para ingresar a la fase de juicio oral.
LA RESOLUCIÓN APELADA
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró "improcedente" un nuevo pedido que hizo el expresidente Pedro Castillo con el que buscaba archivar el proceso penal que se le sigue por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y que se ordenara su inmediata libertad dentro de este caso.
La defensa legal del exmandatario presentó el 14 de diciembre del 2023 una tutela de derechos en la que cuestiona la detención policial en flagrancia de su patrocinado tras su fallido golpe de estado ya que no se le comunicó los hechos y delitos atribuidos consignándose en el acta respectiva que su intervención se produjo por una "orden superior", siendo conducido luego a la sede de la Región Policial de la avenida España, en el Cercado de Lima, donde se redactó dicho documento sin hacerle saber de manera inmediata y comprensible los cargos formulados en su contra.
No obstante, el juez Supremo Juan Carlos Checkley resolvió el último 2 de febrero que dicha tutela de derechos es "improcedente", al precisar que nuestro ordenamiento procesal prevé vías específicas para efectuar estos pedidos de sobreseimiento o archivo de una causa y el fin de la prisión preventiva y además porque los argumentos que se invocan como sustento fueron planteados anteriormente de manera reiterada y ya fueron desestimados.
El expresidente Pedro Castillo se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.
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Julio Cisneros Periodista
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