por Julio Cisneros
·La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró "bien concedido" el recurso de apelación que presentó el exmandatario, el 12 de junio de 2025, contra una resolución emitida por el juez Juan Carlos Checkley.
La Corte Suprema revisará la resolución judicial que rechazó el pedido del expresidente Pedro Castillo para archivar el delito de organización criminal que le atribuye la Fiscalía a raíz de los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró "bien concedido" el recurso de apelación que presentó el exmandatario, el 12 de junio de 2025, contra una resolución emitida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.
En una resolución del 4 de junio de 2025, Checkley declaró infundada una excepción de improcedencia de acción que presentó su defensa legal para que se archive dicho delito que la fiscalía le atribuye a Castillo en la investigación preparatoria que afronta por estos casos.
La defensa legal del exjefe de Estado demanda como pretensión principal que se revoque la resolución apelada y, reformándola, se declare fundada la excepción de improcedencia de acción que dedujo y como pretensión secundaria que se declare nula la resolución recurrida y se ordene a otro juez emitir una nueva decisión.
En dicho recurso de apelación se alega que la resolución o auto impugnado no tuvo en cuenta que no se configura el elemento objetivo del tipo penal referido a la organización criminal y que además la citada resolución adolece de motivación aparente.
Ante ello, el tribunal supremo determinó que en este caso se cumplen los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para que dicho recurso de apelación sea admitido por lo que oportunamente se deberá señalar fecha y hora de la audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas.
La Corte Suprema impuso 36 meses de prisión preventiva contra el exmandatario en esta investigación preparatoria en la que la Fiscalía también le atribuye los presuntos delitos de colusión simple y tráfico de influencias agraviado en perjuicio del estado.
El último 4 de diciembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión al hallarlo responsable del delito de conspiración para rebelión a raíz de su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, condena que viene cumpliendo en el establecimiento penitenciario Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate.
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