por Redacción RPP
·Tras el archivo del caso Cócteles, el debate jurídico se centra en si la situación de Keiko Fujimori es comparable a la condena de Ollanta Humala. Los abogados Carlos Mesía y Carlos Torres Caro analizaron el impacto del fallo del Tribunal Constitucional y la inminente apelación fiscal.
La reciente decisión del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de archivar los cargos de lavado de activos y organización criminal contra Keiko Fujimori ha generado debate sobre las competencias del Tribunal Constitucional (TC) y el Poder Judicial.
En el programa Las cosas como son de RPP, los abogados constitucionalistas y candidatos al Senado, Carlos Mesía y Carlos Torres Lara expusieron sus puntos de vista al respecto, entre ellos si consideran similares o no los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala en cuanto a las acusaciones de lavado de activos.
Para Carlos Mesía, expresidente del TC, la resolución es una salvaguarda de derechos fundamentales, pues considera que se ha vulnerado el principio de legalidad.
"Nadie puede ser juzgado ni procesado ni condenado por un hecho que en el momento de su comisión no constituye delito", afirmó Mesía, subrayando que esta es una columna capital del estado de derecho.
Por el contrario, el constitucionalista Carlos Torres Caro cuestiona la intervención del TC en este proceso, argumentando que el máximo intérprete de la Carta Magna se ha inmiscuido en asuntos que corresponden exclusivamente a la justicia ordinaria.
"Hay una improcedencia de parte de los miembros del Tribunal Constitucional al inmiscuirse en asuntos de tipicidad penal", sostuvo Torres Caro, quien además calificó la actuación del tribunal como una suerte de cuarta instancia que invade las facultades del Ministerio Público y del Poder Judicial.
¿Es el caso Humala un espejo del caso Fujimori?
El archivo definitivo del proceso contra la lideresa de Fuerza Popular ha provocado la reacción inmediata del expresidente Ollanta Humala, quien actualmente cumple una condena de 15 años de prisión por hechos relacionados con el financiamiento de sus campañas electorales.
Humala ha denunciado una supuesta desigualdad ante la ley, cuestionando su permanencia en el Penal de Barbadillo mientras el caso de Fujimori es cerrado bajo argumentos de que los aportes de campaña no constituían delito en aquel entonces. "Exijo mi libertad, la igualdad ante la ley y el cese del acoso judicial en mi contra y contra mi familia por ser nacionalistas", manifestó Humala a través de un comunicado.
Sobre este punto, Carlos Mesía sostiene que, si bien las sentencias se emiten para casos concretos, las interpretaciones del Tribunal Constitucional tienen una naturaleza vinculante que debe irradiar a situaciones similares.
Para el exmagistrado, si se demuestra que los hechos por los que se condenó a Humala son análogos a los de Keiko Fujimori, el beneficio jurídico debería ser el mismo.
"Pero es que la sentencia, digamos, es al caso concreto, es verdad, pero no cabe la menor duda que si se trata de un caso análogo, el efecto vinculante se puede establecer, o sea, el amparo, porque como es una interpretación de la Constitución tiene una naturaleza de vinculante, irradia el principio", explicó Mesía.
Asimismo, el expresidente del TC precisó que, para que esta protección alcance al líder nacionalista, este debería interponer sus propios recursos legales, como un habeas corpus o un recurso de nulidad basado en estos nuevos criterios interpretativos.
Sin embargo, Torres Caro establece una distinción técnica fundamental entre ambos casos, señalando que la Fiscalía ha calificado las acciones de manera distinta. Mientras que en el caso Cócteles se interpretó la conducta como receptación patrimonial, la cual fue incorporada al ordenamiento jurídico recién en noviembre de 2016, el caso de Humala se centró en la modalidad de conversión.
El especialista aclaró que la figura de la conversión se produce cuando el dinero de procedencia ilegal es "lavado" para que finalmente regrese al entorno del implicado, como habría ocurrido en el caso de Ollanta Humala a través de la creación de empresas para retornar el capital.
Torres Caro señaló que, a diferencia de la receptación aplicada en el caso de Keiko Fujimori, la conversión ya se encontraba regulada en la normativa peruana desde el año 1992 y contó con modificaciones en 2002 y 2012, lo que la hacía plenamente vigente al momento de los hechos investigados
El jurista enfatizó que mientras en el caso Fujimori el dinero se habría diluido en la campaña, en el proceso del líder nacionalista se detectó un presunto retorno del capital a través de la creación de empresas ficticias.
En ese sentio, Torres Caro descartó que el precedente de Fuerza Popular pueda aplicarse de forma automática para anular una condena basada en un tipo penal preexistente.
La contraofensiva del Ministerio Público
A pesar del fallo judicial que ejecuta la sentencia del TC, la batalla legal no ha concluido, ya que fuentes de RPP han confirmado que la Fiscalía presentará un recurso de apelación para revertir el archivamiento.
La estrategia del Ministerio Público se basaría en señalar un error de interpretación por parte del Tribunal Constitucional respecto a la imputación fiscal original.
"Yo nunca he hecho la investigación y acusación por receptación, es decir, sino que lo hicimos siempre por conversión, como el caso de Humala, así que ustedes ahí se han equivocado", expresó Torres Caro al explicar cuál sería el núcleo del argumento fiscal para intentar mantener vivo el proceso.
Según el letrado, este es el único camino que le queda al fiscal para sostener que la conducta de Fujimori sí era punible al momento de los hechos, diferenciándola de la receptación que el TC consideró inaplicable de forma retroactiva.
Los cargos vigentes y la situación de Mark Vito
Aunque los delitos más graves han sido archivados para Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular, el Poder Judicial ha determinado la subsistencia de otros cargos menores.
La lideresa naranja aún debe responder por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, aunque Carlos Mesía sostiene que estos ya habrían prescrito debido al tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones hace más de una década.
Por otro lado, la situación jurídica de Mark Vito Villanella, exesposo de Fujimori, se mantiene inalterada y su investigación por lavado de activos continúa vigente.
El juzgado consideró que su caso presenta un tamiz jurídico diferente, relacionado con actividades inmobiliarias a través de su empresa MVV Bienes Raíces SAC, lo que lo excluye de los beneficios de la sentencia del Tribunal Constitucional que favoreció al partido y a sus principales dirigentes.
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