Odebrecht pide el reembolso de la venta de la hidroeléctrica Chaglla. | Fuente: RPP Ilustración

Tensión. La constructora Odebrecht exige la devolución de S/ 524 millones producto de la venta de la hidroeléctrica Chaglla que actualmente está retenido por el Estado peruano. Una cláusula dentro de la sentencia del acuerdo de colaboración exige que antes de la devolución, se determine que Odebrecht no tenga investigaciones o procesos penales en curso. El pedido se produce en medio de nuevas revelaciones de Jorge Barata desde Brasil, el firme pronunciamiento en contra del presidente Vizcarra y la férrea defensa del fiscal Rafael Vela al acuerdo.

En RPP Noticias te contamos en sencillo esta disputa.

1. Un poco de contexto sobre la hidroeléctrica Chaglla

Se trata de la tercera hidroeléctrica más grande del Perú. La construcción de la obra inició en el 2011, luego de que la empresa Generación Huallaga S.A. (de Odebrecht Latin Finance) obtuviera la concesión. En el 2016, la hidroeléctrica entró en operación.

La central hidroeléctrica Chaglla está ubicada en la región Huánuco, a 500 km. de Lima, entre los distritos de Chaglla (Pachitea) y Chinchao (Huánuco). La infraestructura almacena las aguas del río Huallaga para generar el 4 % de la producción eléctrica de Perú.

2. Odebrecht y la venta de Chaglla

En agosto de 2017, la empresa Odebrecht acordó vender la hidroeléctrica Chaglla a un consorcio chino liderado por la compañía energética estatal China Three Gorges Corporation (CTG). La venta se hizo efectiva este abril del 2019 por una suma de 1.400 millones de dólares.

El procurador Jorge Ramírez y el fiscal Rafael Vela Barba. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Fernando Bizerra Jr.

3. ¿Qué tiene que ver el acuerdo de colaboración eficaz con Chaglla?

Según Odebrecht, la venta de Chaglla fue un importante paso para lograr su equilibrio financiero. Así, lograron pagar sus deudas a bancos locales, proveedores y atender los pagos de reparación civil con el Estado peruano.

Como parte del Acuerdo de Beneficios y Colaboración que firmaron Odebrecht y las autoridades peruanas, la Sunat pudo cobrar poco más de S/434 millones

4. Sumas y restas

A inicios de julio de este año, la empresa Odebrecht solicitó al Ministerio de Justicia el reembolso de S/ 524 millones, luego de la venta de la hidroeléctrica.

Según el dominical Punto Final, tras la venta del proyecto, el Estado peruano retuvo 1,050 millones de soles para asegurar distintos pagos. Los descuentos de ese monto fueron así: S/434 millones para el pago de una deuda a Sunat; S/12 millones para la reparación civil de la Carretera Chacas (Áncash) y S/80 millones como pago de la primera cuota de la reparación civil.

El saldo asciende a S/ 524 millones. ¿Qué ocurre con este dinero? Según el acuerdo firmado por la Fiscalía y Procuraduría, debe regresar a las cuentas de Odebrecht.

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho fue quien realizó el control de legalidad al Acuerdo de colaboración entre Odebrecht y las autoridades peruanas. | Fuente: Poder Judicial

5. Chaglla y la condición que impuso en la jueza en la sentencia de colaboración

El Poder Judicial homologó en junio de este año el acuerdo firmado entre el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía, la Procuraduría Ad Hoc y la multinacional brasileña.

La magistrada María de los Ángeles Álvarez Camacho pasó varios meses revisando el acuerdo hasta finalmente aprobarlo. En uno de los términos de su sentencia de homologación, la jueza establece un requisito obligatorio antes de que se le reembolse ese dinero.

"Para que la inaplicación de la Ley N.º 30737 surta efectos, deberá el Ministerio Público informar al ente administrativo competente, con conocimiento del órgano jurisdiccional, que a dicha fecha no exista investigación o proceso penal en curso respecto a personas naturales o jurídicas que involucren al ante jurídico Odebrecht, por hechos distintos a los que son materia del presente acuerdo", esto dice el numeral 92 de la sentencia.

6. Las nuevas revelaciones: Gasoducto y carretera en San Martín

A finales de junio y solo días después de haberse homologado el acuerdo de colaboración, una investigación de Convoca.pe reveló que Odebrecht realizó 17 transferencias relacionadas a la adjudicación del Gasoducto del Sur. Esta obra no estaba contemplada en el acuerdo.

Luego se conoció que en la fiscalía de San Martín existe una investigación preparatoria por presunta colusión desleal y peculado en la construcción de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa.

El fiscal Rafael Vela dijo hace unos días en Quién Tiene la Razón de RPP que el acuerdo con la empresa es “abierto y progresivo” y en ese sentido la empresa “puede admitir culpabilidad después de haber homologado el acuerdo”. Según Vela, el acuerdo contempla que ante “evidencia probable de culpabilidad”, la empresa hace sus indagaciones en las que consulta con los ejecutivos que han delinquido y “a partir de eso, decide si se declara culpable”.

Tanto en Gasoducto del Sur como en la carretera de San José de Sisa, la empresa reconoció pagos ilícitos, informó el fiscal Rafael Vela.

En el último interrogatorio al exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, se conoció que la constructora hizo dos pagos de 30 mil dólares a César Villanueva cuando era presidente regional de San Martín por el caso carretera Cuñumbuque – Zapatero - San José de Sisa. Según informó IDL-Reporteros, el codinome del ex presidente del Consejo de Ministros era “Curriculum vita”.

Jorge Barata ha declarado este martes a los fiscales en Brasil. | Fuente: AFP | Fotógrafo: HEULER ANDREY

7. Las otras investigaciones preliminares

Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios, dijo a Gestión que hay “cerca de 13 obras a nivel nacional” que están “cada una con un proceso penal” y que no fueron tomadas en cuenta por el Equipo Especial del fiscal Rafael Vela.

Tello dijo que los fiscales seguirán con sus pesquisas y que su metodología de investigación implicaría que puedan viajar a Brasil a pedir interrogatorios con ejecutivos de Odebrecht y poder así cerrar sus acuerdos de colaboración preliminares.

El diario Correo informó que, además de Lima, Odebrecht tiene investigaciones abiertas en otras siete regiones como Áncash, Ayacucho, Callao, Cusco, Lambayeque, Loreto y Piura. Según informó el medio, las pesquisas giran en torno a la presunta participación de la empresa como tercero civil responsable y la de sus exdirectivos de manera directa en adjudicaciones y contratos de obras.

Equipo Especial del caso Lava Jato. | Fuente: Fiscalia

8. La interpretación del Equipo Especial del caso Lava Jato

Como lo dispuso la jueza María de los Ángeles Álvarez, el fiscal Rafael Vela envió al Ministerio de Justicia el informe donde debía aclarar si existe “investigación o proceso penal en curso” que involucre a Odebrecht.

El Comercio y La República, que tuvieron acceso al documento, informaron que el fiscal Rafael Vela expuso que tras realizar una búsqueda interna en el Equipo Especial determinaron que “no tienen en sus respectivos despachos, investigación preparatoria o procesos penales [contra Odebrecht] conforme a lo solicitado por esta coordinación del equipo especial”.

Además, agregó que “no existen investigaciones preparatorias o procesos penales en todo el país contra la constructora”. El documento, citado por estos medios, afirma que fuera del acuerdo de colaboración con Odebrecht hay investigaciones en etapa preliminar, que “solo se alude a una sospecha inicial simple” y que podrían archivarse.

El informe suscrito por el fiscal Vela da pie a que el Ministerio de Justicia autorice el reembolso de los S/ 524 millones.

9. ¿Qué dicen los expertos al respecto?

RPP Noticias consultó con tres abogados penalistas sobre la posición del Equipo Especial y coincidieron que una investigación en etapa preliminar es una investigación, por lo que no se cumple con la exigencia que ordenó la jueza. En ese sentido, legalmente se debe rechazar el pedido de Odebrecht para el reembolso del dinero de la venta de Chaglla.

Rafael Chanjan, penalista investigador de la línea anticorrupción del IDEHPUCP y columnista de RPP Noticias, sostuvo que cuando alguien hace referencia de una investigación, pero no especifica el tipo, se entiende que engloba tanto a las preparatorias como las preliminares.

“La investigación preliminar tiene una regulación en nuestro Código Procesal. Además, existe un control judicial de lo que sucede en la investigación preliminar y hay un plazo para la investigación. Decir que se trata de algo extraprocesal o previa a una investigación me parece que no es lo correcto”, dijo.

El especialista en temas penales recordó que ni la Fiscalía ni la Procuraduría ni la empresa cuestionaron el acuerdo, por lo tanto, quedó consentida por las partes. “Ahora estamos en fase de ejecución del acuerdo y se han visto en esta problemática de interpretaciones. En todo caso se puede solicitar a la propia jueza que homologó el acuerdo que dirima y que diga qué es lo que se quiso realmente decir con esto de investigaciones o procesos penales como condición para la devolución del dinero”, sostuvo.

Para la abogada penalista Romy Chang, el asunto está muy claro. “No hay devolución hasta que haya informe que diga si hay o no investigaciones en curso. Según lo que se ha informado, en el informe del fiscal Vela dice que no hay investigaciones, porque -según él- las diligencia a nivel preliminar no son investigaciones. Y eso no es cierto”.

Chang consideró que se está “forzando las normas” para poder cumplir con el acuerdo que asumieron y así devolverle el dinero de la venta de Chaglla a Odebrecht. “Si a ellos no les pareció el candado que puso la jueza, debieron haberlo apelado”, indicó. Asimismo, recordó que incluso la fiscalía ha solicitado detenciones en casos de investigaciones a nivel preliminar.

La especialista cree que lo que terminará ocurriendo es que el Ministerio de Justicia, luego de consultar con la Fiscalía de la Nación y las diferentes cortes judiciales del país, encuentre que sí hay investigaciones en curso. “Entonces no se cumple con lo dispuesto por la jueza en la sentencia de colaboración y por lo tanto no se recomienda la devolución del dinero”, sostuvo.

El exprocurador Iván Meini también considera que el término de “investigaciones” debe ser entendido de manera amplia y, por lo tanto, incorporar a las investigaciones a nivel preliminar. “La razón de ser de la cláusula de homologación era cautelar el patrimonio del estado poniendo como condición que no existiese ninguna investigación”, dijo.

“Si bien una investigación preliminar debería concluir en una investigación preparatoria, estas investigaciones preliminares tienen sus reglas en el Código Procesal Penal, tiene sus requisitos formales. Por tanto, yo creo que acá se cumple con la razón de ser de la cláusula de homologación”, añadió.

Meini señala que el Ministerio de Justicia tendrá que emitir su decisión final sobre la base de las opiniones del Equipo Especial del caso Lava Jato, la Procuraduría y no descarta que pueda pedir una aclaración con la jueza. “El Ministerio de Justicia es autónomo en sus decisiones y, más allá de lo que hayan opinado, puede entender que una investigación preliminar es una investigación y por lo tanto rechazar el pedido de Odebrecht”, sostuvo.

10. Denuncia contra el procurador ad hoc

La Procuraduría Anticorrupción, a cargo de Amado Enco, denunció al procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, porque presuntamente habría “favorecido a la constructora brasileña [Odebrecht] y a sus exfuncionarios en la negociación del pago de la Reparación Civil” dentro del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa.

Ramírez Ramírez fue denunciado por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y omisión de actos funcionales. De acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, Ramírez habría pactado irregularmente la devolución de 524 millones de soles que se encontraban en el Fideicomiso de Retención de Reparación (FIRR).

Horas más tarde y a través de un comunicado, la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato rechazó la denuncia y consideró esta acusación como “un acto más de obstaculización respecto al acuerdo de colaboración eficaz, convenio que ha sido aprobado mediante una sentencia del Poder Judicial”.

Además, indican que llama poderosamente la atención que se insista en pretender atribuir al procurador Ramírez presuntos actos delictivos por haber intervenido en la firma de un convenio cuya legalidad ya la declaró el órgano jurisdiccional competente. “La Procuraduría ad hoc ha actuado en la negociación y firma del acuerdo ejerciendo su autonomía y en el marco de sus competencias y facultades”, detalla el comunicado.


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