Lo que debes saber para entender la polémica por los S/ 524 millones que exige Odebrecht al Perú

En esta nota te explicamos las implicancias y las posturas frente a la exigencia de Odebrecht por los S/ 524 millones, producto de la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

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Odebrecht pide el reembolso de la venta de la hidroeléctrica Chaglla. | Fuente: RPP Ilustración

*Nota actualizada

Tensión. La constructora Odebrecht exige la devolución de S/ 524 millones producto de la venta de la hidroeléctrica Chaglla que actualmente está retenido por el Estado peruano. Una cláusula dentro de la sentencia del acuerdo de colaboración exige que antes de la devolución, se determine que Odebrecht no tenga investigaciones o procesos penales en curso. El pedido se produce en medio de nuevas revelaciones de Jorge Barata desde Brasil, el pronunciamiento en contra del presidente Vizcarra y la férrea defensa del fiscal Rafael Vela al acuerdo.

En RPP Noticias te contamos en sencillo esta disputa.

1. Odebrecht y la venta de Chaglla

En agosto de 2017, la empresa Odebrecht acordó vender la hidroeléctrica Chaglla a un consorcio chino liderado por la compañía energética estatal China Three Gorges Corporation (CTG). La venta se hizo efectiva este abril del 2019 por una suma de 1.400 millones de dólares.

El procurador Jorge Ramírez y el fiscal Rafael Vela Barba.
El procurador Jorge Ramírez y el fiscal Rafael Vela Barba. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Fernando Bizerra Jr.

2. ¿Qué tiene que ver el acuerdo de colaboración eficaz con Chaglla?

Según Odebrecht, la venta de Chaglla es un importante paso para lograr su equilibrio financiero. Así, lograron pagar sus deudas a bancos locales, proveedores y atender los pagos de reparación civil con el Estado peruano.

Como parte del Acuerdo de Beneficios y Colaboración que firmaron Odebrecht y las autoridades peruanas, la Sunat pudo cobrar poco más de S/434 millones

3. Sumas y restas

A inicios de julio de este año, la empresa Odebrecht solicitó al Ministerio de Justicia el reembolso de S/ 524 millones, luego de la venta de la hidroeléctrica.

Según el dominical Punto Final, tras la venta del proyecto, el Estado peruano retuvo 1,050 millones de soles para asegurar distintos pagos. Los descuentos de ese monto fueron así: S/434 millones para el pago de una deuda a Sunat; S/12 millones para la reparación civil de la Carretera Chacas (Áncash) y S/80 millones como pago de la primera cuota de la reparación civil.

El saldo asciende a S/ 524 millones. ¿Qué ocurre con este dinero? Según el acuerdo firmado en febrero por la Fiscalía y Procuraduría, debe regresar a las cuentas de Odebrecht.

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho fue quien realizó el control de legalidad al Acuerdo de colaboración entre Odebrecht y las autoridades peruanas.
La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho fue quien realizó el control de legalidad al Acuerdo de colaboración entre Odebrecht y las autoridades peruanas. | Fuente: Poder Judicial

4. Chaglla y la condición que impuso en la jueza en la sentencia de colaboración

El Poder Judicial homologó en junio de este año el acuerdo firmado entre el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía, la Procuraduría Ad Hoc y la multinacional brasileña.

La magistrada María de los Ángeles Álvarez Camacho pasó varios meses revisando el acuerdo hasta finalmente aprobarlo. En uno de los términos de su sentencia de homologación, la jueza establece un requisito obligatorio antes de que se le reembolse ese dinero.

"Para que la inaplicación de la Ley N.º 30737 surta efectos, deberá el Ministerio Público informar al ente administrativo competente, con conocimiento del órgano jurisdiccional, que a dicha fecha no exista investigación o proceso penal en curso respecto a personas naturales o jurídicas que involucren al ante jurídico Odebrecht, por hechos distintos a los que son materia del presente acuerdo", esto dice el numeral 92 de la sentencia.

5. La interpretación del Equipo Especial del caso Lava Jato

Como lo dispuso la jueza María de los Ángeles Álvarez, el fiscal Rafael Vela envió al Ministerio de Justicia el informe donde debía aclarar si existe “investigación o proceso penal en curso” que involucre a Odebrecht.

El Comercio y La República, que tuvieron acceso al documento, informaron que el fiscal Rafael Vela expuso que tras realizar una búsqueda interna en el Equipo Especial determinaron que “no tienen en sus respectivos despachos, investigación preparatoria o procesos penales [contra Odebrecht] conforme a lo solicitado por esta coordinación del equipo especial”.

Además, agregó que “no existen investigaciones preparatorias o procesos penales en todo el país contra la constructora”. El documento, citado por estos medios, afirma que fuera del acuerdo de colaboración con Odebrecht hay investigaciones en etapa preliminar, que “solo se alude a una sospecha inicial simple” y que podrían archivarse.

El informe suscrito por el fiscal Vela da pie a que el Ministerio de Justicia autorice el reembolso de los S/ 524 millones.

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Declaraciones de Iván Meini
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6. ¿Qué dicen los expertos al respecto?

RPP Noticias consultó con tres abogados penalistas sobre la posición del Equipo Especial y coincidieron que una investigación en etapa preliminar es una investigación, por lo que no se cumple con la exigencia que ordenó la jueza. En ese sentido, legalmente se debe rechazar el pedido de Odebrecht para el reembolso del dinero de la venta de Chaglla.

Rafael Chanjan, penalista investigador de la línea anticorrupción del IDEHPUCP y columnista de RPP Noticias, sostuvo que cuando alguien hace referencia de una investigación, pero no especifica el tipo, se entiende que engloba tanto a las preparatorias como las preliminares.

“La investigación preliminar tiene una regulación en nuestro Código Procesal. Además, existe un control judicial de lo que sucede en la investigación preliminar y hay un plazo para la investigación. Decir que se trata de algo extraprocesal o previa a una investigación me parece que no es lo correcto”, dijo.

Para la abogada penalista Romy Chang, el asunto está muy claro y consideró que se está “forzando las normas” para poder cumplir con el acuerdo que asumieron y así devolverle el dinero de la venta de Chaglla a Odebrecht. “Si a ellos no les pareció el candado que puso la jueza, debieron haberlo apelado”, indicó. Asimismo, recordó que incluso la fiscalía ha solicitado detenciones en casos de investigaciones a nivel preliminar.

El exprocurador Iván Meini también considera que el término de “investigaciones” debe ser entendido de manera amplia y, por lo tanto, incorporar a las investigaciones a nivel preliminar. “La razón de ser de la cláusula de homologación era cautelar el patrimonio del estado poniendo como condición que no existiese ninguna investigación”, dijo.

Meini señala que el Ministerio de Justicia tendrá que emitir su decisión final sobre la base de las opiniones del Equipo Especial del caso Lava Jato, la Procuraduría y no descarta que pueda pedir una aclaración con la jueza. “El Ministerio de Justicia es autónomo en sus decisiones y, más allá de lo que hayan opinado, puede entender que una investigación preliminar es una investigación y por lo tanto rechazar el pedido de Odebrecht”, sostuvo.

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Declaraciones de Romy Chang
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7. Los pagos ilícitos de Odebrecht se siguen sumando

A finales de junio y solo días después de haberse homologado el acuerdo de colaboración, una investigación de Convoca.pe reveló que Odebrecht realizó 17 transferencias relacionadas a la adjudicación del Gasoducto del Sur. Esta obra no estaba contemplada en el acuerdo.

Luego se conoció que en la fiscalía de San Martín existe una investigación preparatoria por presunta colusión desleal y peculado en la construcción de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa.

El fiscal Rafael Vela dijo en Quién Tiene la Razón de RPP que el acuerdo con la empresa es “abierto y progresivo” y en ese sentido la empresa “puede admitir culpabilidad después de haber homologado el acuerdo”.

Así en los últimos meses, Odebrecht reconoció pagos ilícitos en el Gasoducto del Sur, la carretera de San José de Sisa, en el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de Iquitos y el Sistema de Agua Potable de Chimbote.

A finales de agosto, se coordinó el traslado de seis carpetas fiscales de la fiscalía anticorrupción al Equipo Especial. Se trata de los casos: 'Aporte a campaña 2001-2016', 'Peaje Puente Piedra', 'Vía Costanera Camaná-Ilo', 'Energía de Centrales Hidroeléctricas', 'Proyecto Olmos' y 'Carretera Cuñumbuque -San José de Sisa', de Tarapoto.

Jorge Barata ha declarado este martes a los fiscales en Brasil.
Jorge Barata ha declarado este martes a los fiscales en Brasil. | Fuente: AFP | Fotógrafo: HEULER ANDREY

8. Enco vs. Ramírez

A la polémica por la devolución del dinero, se sumó la denuncia entre procuradores. El procurador anticorrupción Amado Enco denunció al procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y omisión de actos funcionales. De acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, Ramírez habría pactado irregularmente la devolución de 524 millones de soles que se encontraban en el Fideicomiso de Retención de Reparación (FIRR).

Horas más tarde y a través de un comunicado, la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato rechazó la denuncia y consideró esta acusación como “un acto más de obstaculización respecto al acuerdo de colaboración eficaz, convenio que ha sido aprobado mediante una sentencia del Poder Judicial”.

Equipo Especial del caso Lava Jato.
Equipo Especial del caso Lava Jato. | Fuente: Fiscalia

9. Vizcarra y Lecaros: sus posiciones sobre el acuerdo

Tanto el presidente de la República, Martín Vizcarra, como el del Poder Judicial, José Luis Lecaros, han opinado de manera contraria al acuerdo. Por un lado, el presidente de la Corte Suprema opinó que Odebrecht "aparentemente" oculta información sobre pagos ilícitos en obras realizadas en territorio peruano.

El magistrado precisó que "quien no dice toda la verdad o quien dice la verdad a medias" no cumple con la "misión específica" de un acuerdo de colaboración eficaz.

"De modo que Odebrecht, si se ha acogido a la colaboración eficaz, igual que los señores de Graña y Montero que se están acogiendo, tienen que decir todo lo que saben y todo lo que puedan probar (...) y aparentemente no lo están haciendo", añadió.

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra ha manifestado en varias oportunidades su oposición a que se le devuelva el ‘saldo’ a la constructora brasileña. La última vez que se pronunció sobre este asunto fue este domingo en una entrevista con Cuarto Poder. En esa oportunidad dijo que, si bien respeta la independencia de la Fiscalía y el Poder Judicial en la lucha contra la corrupción, también tiene el derecho a no coincidir con todas sus medidas.

“Lo que determine el Ministerio Público lo vamos a respetar. Pero si a nuestro juicio algo puede ser perfectible, mejorable, tenemos la obligación de decirlo. Creemos que Odebrecht que tanto daño le ha hecho al país, y si un proyecto tiene un saldo, después de pagar su indemnización, que se espere a los otros proyectos”, dijo el mandatario.  


10. Pedido de aclaración pendiente

La decisión sobre la devolución de S/524 millones a la empresa brasileña está en manos del Poder Judicial. A inicios de setiembre, la constructora solicitó a la jueza María Álvarez Camacho una aclaración sobre la clausula que impuso en su sentencia.

De esta manera, la magistrada precisará si la cláusula sobre investigaciones pendientes se refiere a las de etapa preliminar o preparatoria. La jueza estableció que no deben existir procesos pendientes fuera del acuerdo para que la devolución proceda.

11. Los codinomes y el interrogatorio

A inicios de setiembre, Odebrecht entregó a la Fiscalía peruana información consolidada de sus servidores encriptados Droussys y My Web Day como parte de su colaboración con la Justicia.

Esta data incluye, según publicó el diario El Comercio, una planilla con los pagos hechos con su Departamento de Operaciones Estructuradas por 59 millones de dólares. La cifra está vinculada a 13 obras y 71 ‘codinomes’, nombres en claves que usaba la constructora brasileña para designar a los destinatarios de los montos.

La identificación de los 71 ‘codinomes’ debía resolverse en el interrogatorio a Jorge Barata programado para este miércoles y jueves.

12. Dificultades financieras y revelación parcial de los codinomes

Este miércoles fue más visible la preocupación de la empresa por recibir los 524 millones de soles retenidos por el Estado peruano. El abogado de Jorge Barata, Jorge Kauffmann, reconoció que Odebrecht tiene "dificultades financieras", lo que complica su colaboración con las autoridades peruanas.

"Necesitamos condiciones financieras para poder continuar con nuestro acuerdo. La búsqueda de información demanda investigaciones, reuniones de trabajo, viajes de varios funcionarios para buscar esas informaciones. Sin esas condiciones financieras, no tenemos cómo buscar esas informaciones", señaló Kauffmann.

El fiscal Rafael Vela y el procurador ad hoc Jorge Ramírez, luego del interrogatorio a Barata donde se ha revelado información parcial, se mostraron a favor de la devolución del saldo a cambio de información.

"La Procuraduría, en el ejercicio de su autonomía, respalda el acuerdo firmado por el Ministerio Público y la empresa Odebrecht en todos sus extremos. En ese sentido, se está prefiriendo que prevalezca la verdad y tener información de quiénes han cometido estos graves crímenes contra el Estado peruano", dijo Ramírez.


*La nota fue originalmente publicada el 8 de agosto