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por Julio Cisneros
·El exmandatario Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias en los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
Judiciales
Pedro Castillo afronta dicha investigación bajo mandato de prisión preventiva por 36 meses en el Penal de Barbadillo
El Poder Judicial evaluará este martes 28 de mayo el recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo para que se archive la investigación preparatoria que se le sigue por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
En audiencia virtual a realizarse desde las 9.00 a. m., la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará el recurso interpuesto por el exmandatario para revocar la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley el pasado 25 de octubre del 2.023.
En dicha resolución se declaró infundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que había presentado para que se ordenara el "sobreseimiento" o archivo de esta investigación preparatoria.
El tribunal presidido por el juez supremo César San Martín deberá escuchar al exmandatario y las demás partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.
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¿Qué dice la resolución apelada por Pedro Castillo?
Mediante un recurso de excepción de improcedencia de acción, interpuesto el último 29 de agosto, la defensa legal del expresidente Castillo sostuvo que en ambos casos no ha existido una estructura criminal, una orden del “supuesto” jefe de la organización criminal, ni un acuerdo colusorio en los concursos públicos en los casos PetroPerú y Puente Tarata que terminaron en nulidad, por lo que, “en consecuencia, no existió perjuicio económico para el Estado”.
No obstante, el magistrado Checkley Soria determinó en su resolución, a la que tuvo acceso RPP, que los hechos por los cuales la Fiscalía formalizó esta investigación preparatoria por los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravada, en los términos planteados, sí constituyen ilícitos por lo que debe desestimarse la excepción de improcedencia de acción planteada.
Como se recuerda, el ex jefe de Estado afronta dicha investigación bajo mandato de prisión preventiva por 36 meses en el Penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.
El exmandatario también cumple 18 meses de prisión preventiva en dicho recinto por el fallido golpe de Estado que protagonizó el 7de diciembre del 2022.
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Las instituciones jurisdiccionales deberían contar con una autoridad inapelable. Pero lo que vemos actualmente es que carecen de ella más que nunca.
Julio Cisneros Periodista
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