El Poder Judicial declaró infundado el pedido de detención preliminar contra los investigados Henry Shimabukuro, Samir Abudayeh, José Fernández y Hugo Chávez. En consecuencia, se dispuso la inmediata libertad de los mismos.
El Poder Judicial declaró infundada el pedido detención preliminar contra los investigados Henry Shimabukuro, Samir Abudayeh, José Fernández y Hugo Chávez. En consecuencia, dispusieron la inmediata libertad de los mismos "siempre y cuando no exista mandado en contrario emanado de autoridad correspondiente".
En esa línea, la Primera Sala de Apelaciones confirmó "el extremo apelado de la resolución antes anotada, que declaró fundado el pedido de allanamiento, con descerraje de ser necesario y el registro de los inmuebles, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones, que fuera impugnado por el investigado Samir George Abudayeh Giha con los demás que contiene.
¿Cuál era dicha resolución? Recordemos que el Ministerio Público había solicitado detención preliminar por el plazo máximo de 10 días naturales contra los investigados "por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada —por organización criminal— y, alternativamente, del delito de negociación incompatible".
Dicho pedido se notificó en la resolución judicial del pasado 23 de noviembre del presente año, emitiada por el juez Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, que ahora ha sido revocada.
El pasado 25 de noviembre durante un operativo el Ministerio Público junto a la Policía logró la detención de Samir Abudayeh y Henry Shimabukuro por el caso PetroPerú; sin embargo, en su momento no lograron ubicar a Hugo Chávez, presidente de PetroPerú, pero luego se entregó a las autoridades. Su abogado respondió que Chávez no se convertirá en colaborador eficaz.
Horas más tarde de aquel 25, RPP reveló que José Fernández Latorre, exjefe de la DINI, se entregó al equipo especial de la Fiscalía y la Policía Nacional. Días después, el Gobierno dio por concluida su desginación en como Director de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Christian Salas, abogado de José Luis Fernández Latorre, aseguró que su patrocinado ha sido incluido en el caso conocido como Petroperú. Sin embargo, aclaró que no está sindicado en la contratación irregular del funcionario Hugo Chávez, sino que está investigado por los dichos de un colaborador eficaz a la Fiscalía de la Nación.
Caso Petroperú
El Ministerio Público sostiene en su tesis que una presunta organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo dirigió indebidamente una licitación de US$74 millones a favor de Heaven Petroleum Operators S.A.(HPO), compañía de Samir Abudayeh, para el suministro de biodiésel.
Tanto José Fernández como el asesor Henry Shimabukuro son señalados por la Fiscalía de incurrir en el supuesto delito de organización criminal y encubrimiento personal. La tesis de las autoridades es que ambos personajes coordinaron con el ex subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, para la desaparición de evidencias que pudieran involucrar a Pedro Castillo en este caso, de acuerdo a los dichos de colaboradores eficaces.
Negociaciones
A finales de 2021 el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con Abudayeh Giha y Chávez Arévalo en Palacio de Gobierno. Dos semanas después del encuentro, el proveedor visitante ganó un concurso de licitación por un monto total de 74 millones de dólares, según información revelada por el programa Panorama.
En el informe se menciona que el 18 de octubre de 2021 se registró el ingreso de Hugo Chávez Arévalo a las 9.27 a. m. a la sede del Ejecutivo. De acuerdo con el portal de Transparencia de la Presidencia de la República, el motivo era sostener una reunión de trabajo con el mandatario. Coincidentemente, dos minutos antes, a las 9.25 a. m., Samir George Abudayeh también había ingresado para conversar con Castillo Terrones.
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