El día 31 de octubre de 2018 se cerró una ventana de regularización migratoria para las personas venezolanas: el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). El PTP permite una residencia regular a las personas venezolanas durante un año y los habilita a trabajar en el país. Si bien no se cuenta con cifras exactas en la materia, sabemos que ya más de 120,000 personas venezolanas cuentan con el PTP y, que al menos 200,250 estarían tramitándolo. Esta última cifra seguirá aumentando ya que todas las personas que han ingresado antes del último día de octubre pueden tramitar el PTP hasta el 31 de diciembre de 2018.
El fin adelantado de este mecanismo excepcional de regularización migratoria se basa, de acuerdo a las autoridades, al que el país no puede recibir a más migración. Este discurso en materia de política migratoria no es nada novedoso. La retórica en la materia gira siempre alrededor de las capacidades de un país para acoger a personas migrantes. Pero si miramos del lado de las personas migrantes podemos ver que los motivos de este desplazamiento no han cambiado. La crisis política y humanitaria que vive Venezuela sigue vigente. Y por lo tanto las personas no dejarán de moverse.
Uno podría pensar que sin PTP ya no llegarán más migrantes venezolanos a Perú pero ello implicaría entender la elección de un país de destino solo en función de la posibilidad de la obtención de un documento que acredita la condición regular de una persona. Sin embargo, lejos de ser así, los motivos de la migración hacia Perú responden a factores complejos y entrelazados tales como la existencia de redes de contacto en el país (familias, amigos o conocidos), las posibilidades de inserción laboral aunque sea precaria, la proximidad del país que lo vuelve accesible en términos de costos para el viaje (un aproximado de 200 USD estaría costando el transporte hasta Perú) y, los vínculos históricos con el país debido a anteriores migraciones.
Lejos de desalentar la migración, el fin del PTP crea más incertidumbre para las personas venezolanas. Optar por otra calidad migratoria es difícilmente una opción viable tomando en cuenta las exigencias de la normativa, por ejemplo contar con un contrato en planilla para tener la calidad de “trabajador”. Es por lo tanto urgente repensar una política migratoria a mediano y largo plazo en el cual prime la regularización migratoria, paso indispensable para el ejercicio de derechos.
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