La ciudad estancada

Carlos Sebastián es un destacado economista español que ha alternado la función pública y la actividad privada, además de la docencia universitaria a nivel de posgrado. También es autor de varias publicaciones sobre macroeconomía, entre ellas un ensayo que ha titulado España estancada, el mismo que lleva como subtítulo Por qué somos poco eficientes.  El libro, a decir de su autor, plantea una tesis:

“[...] el marco en el que se desarrolla la actividad económica en nuestro país limita de forma importante la eficiencia y el emprendimiento, y es la principal causa del estancamiento de la productividad y de otros síntomas que justifican el título de este libro”.

Señala a su vez que la causa de este estancamiento está en la calidad institucional, la misma que se ha deteriorado y que es “la consecuencia de ejercer el poder en nuestro país (España), que podríamos sintetizar en tres factores: la ocupación de parte de los partidos políticos mayoritarios de las instituciones, tinte marcadamente clientelar de la acción política y devaluación de las leyes”. Estas han tenido como consecuencia un deficiente marco legal de la baja seguridad jurídica, de la escasa calidad de las administraciones y del déficit de transparencia que ha contribuido a moldear y consolidar una serie de valores ajenos al emprendimiento.

Esta lectura que hace Sebastián sobre España podría extrapolarse a situaciones análogas en nuestro país, donde desde hace un tiempo vivimos una crisis de gobernabilidad producto de la forma como se ejerce el poder. Si tomamos el desarrollo urbano como un emprendimiento, podemos ver cómo su estancamiento se debe a la aplicación de políticas no claras y de escasos valores. En el Perú no contamos con partidos políticos, sino más bien con grupos políticos, pero la ausencia de ideologías no es un inconveniente para que estos copen las instituciones.

En el ámbito municipal hemos visto recientemente cómo las administraciones se mudan de un distrito a otro o del ámbito provincial al distrital con facilidad destruyendo la poca institucionalidad existente y comenzando de nuevo en cada nueva gestión. Encima la ley de no reelección hará que esa movilidad sea mucho más frecuente.

Por otro lado, la acción política de los municipios tiene un marcado tinte clientelar que aplica políticas que, por lo general, benefician a pocos en desmedro de muchos. Quizá allí se encuentra el trasfondo de que la mayor parte de las administraciones municipales sean reacias a la formulación de planes urbanos y de que luego, cuando los tienen, sean reacias a cumplirlos.

Desde hace mucho tiempo la ciudad se mueve por ordenanzas de cambios abruptos de zonificación sin mayor sustento técnico y sin un plan de base que oriente el devenir de la ciudad hacia un objetivo preestablecido. Responden sí a intereses particulares que, desde la óptica de un mal entendido “urbanismo liberal”, son en gran parte causantes del caos de la ciudad actual.

Finalmente, la fragilidad legal que Sebastián señala como el tercer factor se manifiesta a través de una sobrerregulación y, en otros casos, de una superposición de normas que alientan la informalidad, la que después sobrevive transgrediendo normas, amparada en acciones judiciales que la permiten.

Los tres factores que señala Sebastián son los que conspiran para poder implantar un proceso de planificación en la ciudad, pero quizás el más nocivo y central sea la práctica clientelar, que es el verdadero origen de la corrupción. Esta, según el autor, es vista en principio como una corrupción de baja intensidad a la que denomina corrupción blanca, pero que fácilmente puede tornarse en corrupción gris, como es el amaño de concursos públicos de adjudicación de contratos que terminan finalmente en la corrupción negra (compra y venta de decisiones públicas).

Para que la planificación de una ciudad exista también será importante institucionalizar los municipios con oficinas de planificación competentes a cargo de técnicos y funcionarios de carrera que puedan sostener estos procesos en el tiempo. Los planes suelen formularse para periodos que van entre los 10 a 20 años, con metas y objetivos claros, y ser consensuados por los concejos o asambleas metropolitanas. El tercer factor está referido a que estos planes se transformen en normas claras y precisas sin superponerse unas con otras. Tal vez la parte más difícil será que la jurisdicción municipal no sea invadida por otros sectores y poderes del Estado. De algo podemos seguros: las ciudades en el Perú seguirán creciendo, pero, si se sigue manteniendo la forma como se ejerce el poder, serán ciudades estancadas que no podrán desarrollarse.