Elecciones 2020

Durante su mensaje a la nación el pasado 28 de julio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, adelantó la presentación de un Proyecto de Ley Constitucional que busca adelantar las elecciones generales del 2021 al 2020. A diferencia de lo que algunos congresistas en verdad sorprendidos han manifestado, la noticia no es un movimiento político aislado de parte del Ejecutivo, sino que se trata de una reacción frente a las decisiones tomadas por el Congreso. Así lo ha confirmado la ministra Gloria Montenegro, quien en declaraciones aseguró que la decisión de proponer el adelanto de elecciones fue tomada luego de conocer que el Congreso había aprobado el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, pero con un texto diferente al propuesto inicialmente.

El anuncio del presidente Martín Vizcarra ha sorprendido a aquellos actores políticos que no esperaban respuesta del Ejecutivo frente a las acciones del Congreso. En cambio, de lado de un sector amplio de la ciudadanía, el anuncio ha sido recibido con optimismo y aprobación.

Aunque aún cercano, atrás ha quedado el clamor popular que exigía “que se vayan todos” y ha dado lugar a una expectación de cambios que se amparen en los debidos procesos jurídicos. Es en este camino de respecto a la legalidad que muchos ciudadanos están dispuestos a apoyar la reforma política hasta donde haya que llegar. Al parecer, el Ejecutivo así lo entiende y, de alguna manera, vía aprobación del Congreso, ha puesto su cargo a disposición de la voluntad popular en un posible nuevo referéndum. Por eso mismo, este Proyecto de Ley Constitucional de adelanto de elecciones generales no es una acción aislada, sino que se trata de la consecuencia directa de cómo en el Congreso se ha abordado la reforma política.

Nuevamente, esta propuesta del Ejecutivo debe ser aprobada por el Congreso antes de pasar a una consulta popular. Toda parece indicar que, si bien la población quiere dar marcha a la reforma política, las fuerzas en el Congreso pretenden detenerla. Por ejemplo, algunos congresistas sostienen que el anuncio de Vizcarra sería una falta a la Constitución bajo la sospecha de que el Consejo de Ministros no habría estado enterado del contenido del mensaje a la nación del presidente.

La pregunta que queda por hacer es cuál es el capital político que uno y otra postura buscan defender. De parte del oficialismo, todo parece indicar que se trata de impulsar las reformas políticas necesarias para mejorar las condiciones en que se ejerce el poder. No está claro si existe una intencionalidad de mantenerse en el poder, cuestión que resulta improbable. De otro lado, las fuerzas opositoras a las reformas tal como las ha planteado el Ejecutivo, al estar cerca el fin del periodo de este gobierno, muestran cierto cálculo futuro por mantener las condiciones jurídicas actuales.