El Estado Peruano no está protegiendo a los niños en calle

Representantes del Ministerio Público y diversas organizaciones que trabajan a lado de las infancias en situación de calle y en conflicto con ley penal, vienen denunciando desde el año pasado la inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia 001-2020 que durante la emergencia sanitaria modificó las normas de protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, precarizando aún más sus condiciones de vida.

Dicho decreto, entre otras medidas, dispuso que los Centros de Atención Residencial – CAR. no reciban a niñas, niños y adolescentes considerados infractores de la ley. El caso de Bryan, un adolescente en situación de calle, resume las consecuencias nefastas de esta medida: en plena pandemia y siendo aún adolescente fue admitido en un CAR, del que se le expulsó al amparo del decreto por considerar que su conducta era impropia. Entonces, cómo explicar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector en materia de infancia y protección especial lo haya dejado a su suerte. Otros son los casos de adolescentes infractores que habiendo cumplido el periodo de internamiento se les sigue privando de libertad porque sin contar con sus familias no tienen dónde ir. Una de las alternativas ofrecidas por el decreto mencionado es descargar responsabilidades en las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente - DEMUNA, cuando bien sabemos que, en la mayoría de los casos, estas son áreas marginales en las municipalidades, sin suficientes equipos preparados, sin recursos ni infraestructura para hacerse cargo de las infancias más marginadas, sin experiencia para trabajar con las familias de manera preventiva y con las que están en riesgo extremo.

Es lamentable reconocer que el Estado Peruano no es un buen garante de los derechos de las infancias. Si bien durante la pandemia presentan menos contagios y decesos por la COVID-19 han sido los más afectados por la violencia y el abandono. Se sabe que muchas familias lejos de cuidar de sus hijas e hijos y de proveerles lo necesario para su desarrollo, viven conflictos extremos y riesgos de tal magnitud que terminan expulsándolos. Esa población no es poca y ante la crisis que vivimos hoy seguirá en aumento, como ya lo estamos observando en las ciudades: niñas y niños deambulando en las calles, haciendo malabares, vendiendo golosinas o pidiendo una moneda en los transportes y en las esquinas ¿De qué otra manera sobrevivir cuando el Estado los ignora y la sociedad es indolente?

Las voces expertas en el tema exigen la derogatoria del DU 001-2020, la restitución del Programa Yachay, la asignación de presupuestos suficientes para que todas las instancias públicas involucradas puedan trabajar articuladamente de manera preventiva con las familias y las niñas, niños y adolescentes en calle, porque de la desprotección a la conducta transgresora puede haber solo un paso. Para ello, el MIMP debiera convocar ampliamente a las organizaciones que vienen trabajando con poblaciones en riesgo y juntos trazar una política de protección para las infancias en mayor vulnerabilidad.