El fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, señaló que el Reinfo es uno de los principales problemas que enfrenta la institución al luchar contra la minería ilegal.
El fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, dio a conocer que existirían al menos 300,000 mineros ilegales en el Perú, que vienen operando impunemente en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash
Durante una entrevista exclusiva con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), expresó que “el minero ilegal es un minero que no tiene registro alguno. Y si nosotros midiéramos a los mineros ilegales por los mineros que tenemos procesados, no nos acercaríamos creo ni al 10% de los mineros ilegales que hay a nivel nacional”.
Desde el 2019, el Ministerio Público investiga más de 7,200 casos vinculados a la minería ilegal, pero a la fecha, solo se dictaron 320 condenas, ya que hay una intensa carga investigativa y no disponen de suficiente personal.
“En comparación a la cantidad de mineros ilegales que habría, pues es poca la respuesta que se puede tener en cuanto a la erradicación de la minería ilegal a través de la vía judicial. Además, existe una gran carga procesal que enfrentan los juzgados a nivel nacional y esto retrasa la instalación de juicios orales en los casos de minería ilegal”, agregó el experto.
Por lo tanto, uno de los principales problemas para luchar contra esta economía ilegal es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) porque "ha servido como una especie de camuflaje para los mineros ilegales, porque muchos de ellos se sometieron a este procedimiento sin la intención de formalizarse, sino únicamente para que puedan recibir la exención de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal que establece el decreto. Este en su última disposición final complementaria señala que cualquiera que se someta al proceso de formalización, queda exento de responsabilidad del delito de minería ilegal”.
Finalmente, consideró que el Congreso de la República no debe extender la vigencia del Reinfo, que culmina este 31 de diciembre, como se viene pretendiendo por dos años más en la Comisión de Energía y Minas, sino más bien buscar otro mecanismo que aliente a la formalización minera y con normas que permitan una fiscalización constante.
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