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por Sergio Espinoza
·El presidente de la Anitra, Martín Valeriano, reiteró que el gremio ha otorgado el plazo de un mes para evaluar las medidas para frenar los casos de extorsión. También dijo que, de no encontrar resultados positivos, se evaluará paralizar nuevamente las operaciones.
Lima
Gremio de transportistas aclara que no ha convocado un nuevo paro para el 10 de octubre
El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, aclaró que el gremio no ha acordado acatar un paro nacional para este jueves, 10 de octubre, después de los rumores de que se convocaría una movilización para esa fecha ante la continuidad de los casos de extorsión y cobro de cupos a las empresas del transporte público urbano.
En declaraciones a RPP, el dirigente comentó que desde la movilización del jueves, 26 de septiembre, se dio un plazo de un mes para que el Ejecutivo y el Legislativo coordinen acciones destinada a mitigar las cifras de criminalidad.
“Todavía no hemos anunciado ni un paro. No sé de dónde salen los anuncios de paro, cuando se está conversando con el Ejecutivo y el Legislativo”, comentó.
Valeriano indicó que después de que expire el plazo su sector evaluará el avance de las medidas para frenar los casos de extorsión a los transportistas y, de ver que no haya resultados positivos, se convocaría a una nueva movilización.
“Si los transportistas, en las reuniones que se den, convocamos a un paro; va a ser un paro de brazos cruzados. Las maquinas a nivel nacional no se prenden…”, precisó.
Valeriano dio estas declaraciones después de la reunión con dirigente del Anitra.
Cabe precisar que una de las primeras medidas dispuestas por el Ejecutivo fue declarar en emergencia en 14 distritos de Lima y Callao; entre los que figuran Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica, así como en el distrito chalaco de Ventanilla.
Mientras tanto, desde el Congreso se comprometieron a aprobar el dictamen que contiene 17 proyectos de ley que proponen tipificar el delito de terrorismo urbano, con el objetivo de elevar entre 20 a 30 años las penas por casos de extorsión, robo agravado, entre otras faltas.
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Sergio Espinoza Periodista
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