El asesinato de 16 personas, entre ellas cuatro menores de edad, el pasado 23 de mayo en horas de la noche en San Miguel del Ene, ha despertado nuevamente la atención de las autoridades nacionales sobre lo que pasa en el Vraem, una zona compleja y dominada en parte, por el narcoterrorismo, según los especialistas.
¿Qué es el Vraem y dónde queda? Es una pregunta que ronda cada cierto tiempo en el Perú cuando ocurren hechos en esta zona del país. El Vraem es la sigla del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro y se asienta en diez provincias de cinco regiones: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Junín. Comprende, además, a 51 distritos. Esa diversidad de jurisdicciones y lo agreste y desconectada que está la zona con rutas principales, hace de ella un lugar complejo de conocer y entender.
El domingo 23 de mayo, el nombre del Vraem volvió a saltar a la agenda nacional por un nuevo acto de violencia: 16 personas que estaban en un bar, entre clientes y las familias que atendían, entre ellas cuatro menores de edad, fueron asesinadas por, presuntamente, tres personas. Esto sucedió en San Miguel del Ene, poblado capital del distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, región Junín, en el corazón del Vraem.
¿Qué está pasando en el Vraem? ¿Cómo es percibida en la actualidad y por qué es una zona en la que, cada cierto tiempo, se reportan episodios de violencia? el siguiente informe, abordamos la opinión de diferentes especialistas y autoridades para conocer esta parte del país.
La zona de mayor producción cocalera
El especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, sostiene que esta zona de difícil acceso del país es hoy la zona donde más se produce hoja de coca.
“Es la principal zona de coca y cocaína del Perú. Hace dos años se hablaba de 250 toneladas. Yo creo que está produciendo unas 300 toneladas de clorhidrato de cocaína anual, dado que las cifras oficiales no reflejan la magnitud de la producción de coca, y creo que es más de lo que se reconoce. Es más, la producción de coca se ha desbordado a Satipo, La Merced y hacia la provincia de Atalaya en Ucayali que es la continuación del río Ene”, explicó.
Precisó que, pese a los esfuerzos de las autoridades, lo que menos se ha hecho es erradicar las inmensas áreas de siembra de hoja de coca, un tema pendiente desde hace muchos años.
“La complejidad del Vraem es que allí la coca no ha sido tocada. La erradicación del 2019 fue un fracaso. Se erradicó menos de 60 hectáreas, o sea, nada, porque el objetivo era más de 700 hectáreas, no se llegó ni siquiera al 10% de la meta planteada por el gobierno de Vizcarra en ese momento”, añadió.
Otro conocedor del Vraem es Pedro Yaranga, quien opina que esta zona, si bien es dominio de las bandas de narcotráfico, también hay otras bondades naturales que no han podido ser resaltadas por la inseguridad y la expansión ilegal de la coca.
“El Vraem también tiene potencialidades ecológicas, acuíferas, en cuanto a la producción del cacao. La producción del café orgánico. Los cacaoteros están exportando en grandes cantidades para el mejor chocolate del mundo, pero lo que perjudica es la seguridad que es traspié para un desarrollo del Vraem”, anotó.
Narco organizaciones armadas en el Vraem
Antezana sostiene que en esta zona existe bandas que deben ser llamadas "narco organizaciones armadas" y "no terroristas" o "senderistas". Estos últimos, sostiene, "son las que emboscan a policías, militares, los que realizan asesinatos selectivos y masacres" como las ocurridas en San Miguel del Ene.
“Para mí, es una organización criminal. Yo ya no uso nada que tenga que ver con Sendero o terrorismo, porque es un error que nos ha llevado a perder muchos años y presupuesto para combatir terrorismo, cuando lo que aquí hay es estructuras armadas, criminales bajo la batuta de los hermanos Quispe Palomino”, indicó.
Según Antezana, si bien existe un remanente de Sendero, ya que un grupo eran seguidores del camarada “Feliciano”, con su captura en Cochas (Huancayo), sin embargo, se quedaron "sin estrategia" ni articulación nacional.
“Un residuo del senderismo estaba en condiciones deplorables, mal alimentados. Por ello pasaron a hacer labores de cobro de cupos, cosechar coca, chalequear a los narcotraficantes, transportan toneladas de cocaína en la zona de Vizcatán. Entonces, tú entiendes que una organización que no tiene ideología, dirección nacional, estrategia de poder, es absorbido por estas dinámicas de la economía de la droga que termina en el narcotráfico”, manifestó.
Pedro Yaranga sostiene, por su lado, que la cuenca del Ene es la que menos vigilancia tiene y por allí es donde opera con mayor fuerza el narcotráfico.
“El Vraem son dos cuencas: (del río) el Apurímac y (río) el Ene. El Apurímac es lo que está más dominado por el narcotráfico, pero, digamos, los capos más están por la parte del Ene, porque esa zona está menos vigilada. Entonces ellos pueden, tranquilamente, movilizarse en esa zona”, anotó.
Explicó que la mayoría son clanes familiares que trabajan en diferentes actividades desde la elaboración hasta la comercialización de la coca. Y el eslabón del narcotráfico tienen una cadena de operadores que llegan hasta las pistas clandestinas donde se transporta la droga.
¿La estrategia está fallando?
Antezana remarcó que la estrategia militar antisubversiva está condenada al fracaso. Porque en los últimos trece años se está luchando contra Sendero, cuando lo que existe es un grupo criminal que tiene experiencia de guerra que ahora apoya al narcotráfico.
“Son la mitad de lo que eran en el año 1999. Es momento de una reconceptualización y redefinición de las estrategias. No pueden meter 5 mil, 8 mil soldados, cuando ellos tienen 150 hombres como fuerza operativa militar. Pero ellos no emboscan policías para lograr la conquista del poder. Todas las emboscadas, desde el 2005 hasta las últimas, han sido por droga, porque los policías cobran cupos en exceso, o se quedan con la droga y a esos les cae emboscada. Lo que se necesita es inteligencia humana. No hay otra”, dijo.
Sin embargo, para Pedro Yaranga, lo que hace falta es una verdadera voluntad política para terminar con el problema.
“Son decisiones políticas. Inteligencia hay, lo que pasa es que hay muchos intereses de tipo político y económico”, expresó.
¿Cuánta hoja de coca se siembra en el Vraem?
Según el último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), los monitoreos de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en 2018 - 2019 demuestran que la producción se incrementó de 54 mil 134 hectáreas en el 2018 a 54 mil 655 en el 2019.
Sin embargo, el especialista Antezana resalta que el último estudio de la Casa Blanca precisa que son 72 mil 200 las hectáreas registradas hasta el año 2019.
“El año pasado la meta era erradicar 25 mil hectáreas y solo se erradicaron 6 mil; es decir, casi 20 mil hectáreas nuevas se generaron en la primera ola de la pandemia. Este año quisieron erradicar, pero se suspendió y creo que no se hará por el momento. Entonces se generarán 20 mil hectáreas más. O sea, estamos hablando de más de 80 mil hectáreas acumuladas... Fácilmente hay una producción de 800 toneladas”, calculó.
Reconoció que desde el año 2019 a la fecha, el crecimiento de siembra de coca es exponencial.
¿Por qué se dan las emboscadas?
Antezana dijo que los narcotraficantes utilizan la emboscada solo cuando ven afectada su actividad y lo hacen con civiles, militares y policías que interfieren sus labores.
“Ellos no emboscan policías para lograr la conquista del poder. Todas las emboscadas desde el 2005 hasta las últimas han sido por droga, porque los policías cobran cupos en exceso, o se quedan con la droga y a esos les cae emboscada. Solo aquellos que cometen abuso con los narcotraficantes”, reveló.
¿Entonces que pasó en San Miguel del Ene?
“Yo lo he llamado ajuste de cuentas. El problema es el narcotráfico y crimen organizado y no terrorismo. Los Quispe Palomino no emboscan para conquistar el poder, lo hacen para poder fortalecer sus dominios en las bases. Por la evidencia que hay, yo sostengo que es una masacre criminal de esta narcoorganización que también practica sicariato y asesina a civiles 'soplones', que son verdaderos ajustes de cuentas”, indicó Antezana.
Recordó que como evidencia se tiene que el pasado 23 de marzo de este año asesinaron a cuatro integrantes de una familia en Huarcatán, distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, región Ayacucho, porque "encontraron chips que revelaban que eran colaboradores del Ejército". Por ello, consideró como hipótesis que lo más cercano a lo sucedido sería un asesinato criminal.
Mientras tanto, para Yaranga se trataría de remanente de Sendero Luminoso que habrían realizado advertencias desde el año 2019.
“Hasta ahora la hipótesis mayor es que son remanentes de Sendero Luminoso. Incluso allí se tiene ubicado a dos o tres personas que ellas alertaron desde el 2019 la ejecución de algo que no obedecieron”, mencionó.
Escucharon disparos, pero no salieron por temor
Los pobladores cuentan que el día de los hechos, el pasado domingo 23 de mayo, escucharon disparos en la noche, pero no salieron de sus casas por temor y por defender a sus hijos. También intentaron hacer llamadas, pero no había línea telefónica. Nadie presagiaba la masacre que había ocurrido.
“Ese día no había luz. No había línea también, dos días sin línea hemos estado. Exigimos justicia por mi sobrino. Justicia pido. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde está el estado? Queremos saber quién ha hecho esto”, contó una pobladora que perdió a su familiar en este suceso.
Juez de Paz informó primero los hechos
Leonidas Casas Marmolejo, juez de Paz de San Miguel del Ene, manifestó que fue el primero en enterarse de estos hechos y de inmediato acudió a la zona y luego se trasladó a la dependencia más cercana para contar lo sucedido.
“No sabemos quién es el infractor de esto. Yo soy la primera persona que he acudido a dar conocimiento a la comisaría más cercana. Pertenecemos por jurisdicción a la comisaría de Pangoa que esta a nueve horas, pero acudimos a la más cercana que está a una hora. He tomado fotos y he dado la evidencia a la policía de todo lo que ha pasado. Lo que hemos visto, eso hemos informado”, precisó.
¿Qué opinan las regiones vecinas?
Por su parte el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal, dijo que lo ocurrido en Vizcatán debe rechazarse de manera contundente, sobre todo porque las autoridades del gobierno central reaccionan y miran estos lugares cuando ocurre solo una tragedia.
“Hemos hecho un llamado al gobierno central para que se investigue este hecho, toda vez que es muy confuso, para que se identifiquen a los autores. Las autoridades de la zona tienen la fuente primaria que va a servir para esta investigación. Es un tema político, porque las autoridades de turno siempre se acuerdan cuando hay un asesinato. Hay carreteras, por ejemplo, la de Quinua a San Francisco que han pasado 10 años y no se ha terminado y beneficiaría a 250 mil pobladores de esta zona”, agregó.
Olvidados por las autoridades
Una pobladora a quien llamaremos María, para reservar su identidad, relató que este lugar ha sido olvidado por el Estado, porque no cuentan con medicamentos en la posta, y deben viajar nueve horas desde Vizcatán del Ene hasta Satipo para atenderse. Además, no cuentan con agua potable, desagüe y los cortes de energía son constantes y muchos niños no pueden desarrollar sus clases con normalidad.
Hay dos formas de llegar a San Miguel del Ene. La primera es desde Pichari (provincia de La Convención, región Cusco), a través de una carretera que va hacia Puerto Ene y desde ahí, hay que cruzar el río Ene para llegar al poblado indicado. Dura unas cinco horas. La otra es desde Satipo - Mazamari - Villa Esmeralda - Puerto Ene, es decir, desde Junín. En ese tramo, hay que cruzar el río Ene dos veces, a través de una "chata" (plataforma para trasladar carros, incluso) y toma unas ocho horas de recorrido.
Ante la ausencia de comisarías, la seguridad en San Miguel del Ene está a cargo, en parte, de los Comités de Autodefensa, conformado por ciudadanos.
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