El pasado 22 de marzo, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez contra el Congreso, luego de que el pleno decidiera inhabilitarlos por 10 años para el ejercicio de la función pública.
El pleno del Congreso de la República autorizó al presidente de esta institución, Alejandro Soto, a que interponga ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial y una medida cautelar como respuesta a la resolución del Poder Judicial que suspendió provisionalmente la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello, ordenando su reposición inmediata en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La medida fue aprobada con 82 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones y se dio tras el acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, en sesión celebrada el 9 de abril, donde se convino incluir en la agenda del pleno dicha propuesta.
Esta acción tiene como fin que el TC establezca las competencias únicas y excluyentes que le correspondan al Poder Legislativo, conforme a lo que se rige en la Constitución Política.
Además, determinar si estas pueden ser limitadas o restringidas discrecionalmente por el Poder Judicial, a través de la emisión de resoluciones judiciales e interrumpir o afectar las consecuencias jurídicas de los acuerdos y decisiones aprobadas por el Parlamento.
Como se recuerda, el pasado 22 de marzo, la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) declaró fundada la demanda de amparo presentada por ambos juristas contra el Congreso, luego de que el pleno decidiera inhabilitarlos por 10 años para el ejercicio de la función pública.
A través de una resolución, el Poder Judicial ordenó la reposición inmediata "en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)", de manera provisional, hasta que "se emita resolución definitiva en última instancia en el proceso principal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Nuevo Código Procesal Constitucional".
La postura del Congreso
Desde que la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso la suspensión de la inhabilitación de Vásquez y Tello, el Congreso rechazó el fallo de la judicatura.
El mismo día en que se conoció la resolución, el Legislativo emitió un comunicado señalando que el Poder Judicial "no puede tomar decisiones sobre competencias exclusivas y excluyentes del Congreso en arreglo a lo previamente señalado por el Tribunal Constitucional".
El Congreso recalcó que es respetuoso de las instituciones del Estado y el equilibrio de poderes y está en su deber de hacer respetar el fuero parlamentario.
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