El parlamentario de Nuevo Perú aseguró que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales quiere declarar improcedentes los delitos de encubrimiento real y personal en la denuncia que realizó la fiscal de la Nación contra Pedro Chávarry.
El parlamentario Oracio Pacori (Nuevo Perú) denunció este domingo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales busca declarar improcedentes los delitos de encubrimiento real y personal de la denuncia constitucional que realizó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el fiscal supremo Pedro Chávarry por el deslacrado de oficinas del Ministerio Público.
A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario aseguró que el grupo de trabajo que preside César Segura (Fuerza Popular) señala en su Informe de Calificación que el tema por estos delitos ya se trató y votó en otra denuncia contra el exfiscal de la Nación, por lo que archivaría la denuncia de Ávalos.
Al respecto, el congresista de Nuevo Perú indicó que esta postura de la Subcomisión ya no se trata de un tema procedimental, sino que ratifica un “descarado propósito de encubrir a Chávarry”.
Denuncia constitucional
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry por presuntos actos de obstaculización contra el Equipo Especial del caso Lava Jato, además de la vulneración irregular de oficinas lacradas en la sede principal del Ministerio Público.
La denuncia planteada por la titular del Ministerio Público contra Chávarry es por los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto. Este caso debe ser visto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y su Secretaría Técnica debe encargarse de realizar el Informe de Calificación.
Así, el Parlamento verá nuevamente una denuncia contra el exfiscal de la Nación, luego de que el pasado 28 de mayo la Comisión Permanente ratificara el archivamiento de las acusaciones contra Chávarry por los delitos de organización criminal y encubrimiento personal, además de rechazar la recomendación para que se le inhabilite y destituya del cargo por 10 años.
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