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El dictamen, que está listo para ser debatido por el Pleno del Congreso de la República, propone que las personas con antecedentes judiciales graves como homicidio o terrorismo no participen en elecciones hasta diez años después de haber cumplido su condena.
Uno de los temas pendientes de ser debatidos y aprobados por el pleno del Congreso de la República cuando retomen sus labores en marzo es la ley de reforma constitucional que limita la participación en procesos electorales de personas que hayan cumplido condena por delitos graves.
A la fecha, la ley vigente permite que toda persona que ha sido condenada por delitos como tráfico de drogas, abuso sexual, colusión, peculado, homicidio, secuestro y hasta por terrorismo; y que hayan cumplido su pena, pueden participar de un proceso electoral y ser elegidos para asumir cargos públicos sin inconvenientes.
El Congreso cuenta con un dictamen que fue aprobado por la comisión de Constitución y que está listo para ser debatida en el Pleno, de acuerdo a su página web. Lo que propone esta iniciativa es que toda persona con antecedentes judiciales graves no participe en elecciones hasta diez años después de haber cumplido su condena.
Esta iniciativa recoge las propuestas de parlamentarios de varias bancadas como Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, entre otras. Los congresistas pueden retomar el debate de esta norma en cualquier sesión del pleno, pero si quieren que se convierta en ley y sea promulgada antes de las Elecciones Generales del 2026, tienen que tomar en cuenta determinados plazos.
Elecciones
Participación política de sentenciados por delitos graves: ¿con qué plazos cuenta el Congreso para legislar de cara a las próximas elecciones?
Una reforma constitucional
Esta ley tiene rango de reforma constitucional, es decir, de ser aprobada modificaría el texto de la propia constitución. ¿Qué requisitos y procedimientos se requieren para sacarla adelante?
“La aprobación de una reforma constitucional necesita de dos votaciones que alcancen mayoría calificada [mínimo 87 votos]. Estas votaciones deben ocurrir en dos legislaturas consecutivas. Si se vota en el primer semestre de este año allí tendríamos una primera legislatura, y si la segunda votación se logra después de julio, se cumple la segunda legislatura”, explica el abogado constitucionalista Erick Urbina.
¿Y qué pasaría si no se aprueba una segunda votación? Urbina detalla: “si no se logra la aprobación por mayoría calificada en una segunda votación el tema se lleva a un referéndum para que sea la propia población la que decida”, añade.
El letrado sostiene que el referéndum es convocado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones a pedido del presidente del Congreso y el plazo para su desarrollo es de tres meses. “Si el resultado del referéndum aprueba la ley, durante este año se podría aprobar esta reforma constitucional”, indica Urbina.
Tener en cuenta estos plazos y procedimientos es importante porque la Ley de Organizaciones Políticas señala que las reglas de juego de los procesos electorales generales deben establecerse un año antes de los comicios. Si las elecciones están programadas para el 2026, dichas reglas de juego para los candidatos políticos deben estar listas a más tardar en abril de 2025.
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Mejorar la representación
Como hemos informado en el Poder en tus Manos, la ley vigente permite que ex sentenciados con condena cumplida por delitos graves, participen de la vida política del país.
El ejemplo más claro de ello es la reciente inscripción de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), partido político que lleva las iniciales de Antauro Humala, el líder etnocacerista quien fue condenado a 25 años de prisión (aunque cumplió con su condena en 17 por diversos factores).
Humala purgó carcel por los cargos de homicidio, secuestro agravado, sustracción de arma de fuego y rebelión en agravio del Estado, tras el denominado 'Andahuaylazo', evento en el que una comisaría de la ciudad de Andahuaylas fue tomada por él y sus seguidores y, como saldo de esa toma en armas, fueron asesinados cuatro policías en enero del 2005.
Con la aprobación de esta ley, las limitaciones no aplicarían únicamente a los candidatos presidenciales, también a toda persona con antecedentes que desee un cargo político en todos los niveles del Estado, de allí su importancia, explica el abogado constitucionalista Heber Joel Campos.
“Estamos hablando también de candidatos al Congreso, a los gobiernos subnacionales [regionales, municipales y distritales], pero también de funcionarios públicos porque estos impedimentos naturalmente se tienen que extender para quienes cumplan roles en el Estado. Se trata de mejorar la representación política. Yo sí estoy de acuerdo en que se limite la participación de elecciones en lo referido a delitos graves”, sostiene.
Cabe recordar que el Perú ya contaba con una ley que limitaba la participación en elecciones de personas con antecedentes judiciales graves, la ley N° 30717, “aún cuando hubieran sido rehabilitadas”.
En diciembre de 2022 el Tribunal Constitucional observó la norma al argumentar que iba en contra del principio de presunción de inocencia y del derecho a la reinserción social.
“Lo que se está planteando ahora es establecer impedimentos, pero ya no a nivel de una norma de rango legal, sino a nivel de una norma de rango constitucional. Si bien es cierto el Tribunal Constitucional, en un pronunciamiento, consideró que dichos impedimentos eran incompatibles con nuestra ley, lo que ahora se está haciendo es plantearlos a nivel de la propia Constitución, con lo cual el Tribunal ya no podría deicr lo mismo”, opina el constitucionalista Heber Joel Campos.
Una oportunidad para el Congreso
Para el ex oficial mayor del Congreso, José Cevasco, la aprobación de una norma que busca la idoneidad de los funcionarios públicos es una oportunidad que tiene el parlamento para legislar en favor de las demandas de la ciudadanía. No hacerlo sería un error.
“Todo lo que la gente quiere de sus líderes políticos es que tengan una conducta ética intachable, sobre todo en un contexto en que en el Perú la lucha contra la corrupción es una prioridad. La gente espera que el Congreso decida y legisle en favor de los intereses del país”, afirma.
La alta fragmentación que existe al interior del Parlamento podría significar el riesgo de que una ley como esta no logre consenso pero, de ser necesario un referéndum, Cevasco sostiene que sería respaldada por la población. “Tendría todo el respaldo sin duda, es una ley popular”, dijo.
¿La unidad congresal que se requiere se verá reflejada en las votaciones? A partir de marzo lo sabremos.
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Maricarmen Chinchay Periodista
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