El decreto supremo del Gobierno de Martín Vizcarra sostiene que el objetivo de la declaratoria es la ejecución de las medidas necesarias para rehabilitar la zona afectada por el aniego, que desde el 13 de enero pasado afecta a miles de personas en ese distrito.
El Gobierno declaró este viernes el estado de emergencia en el distrito de San Juan de Lurigancho por un plazo de 60 días calendario, debido al impacto de los daños que deja hasta el momento el aniego por el colapso del sistema de saneamiento en una zona de esa jurisdicción.
La resolución suprema publicada en la separata Normas Legales del diario oficial El Peruano, sostiene que el objetivo de la declaratoria es la ejecución de medidas y excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan ante los daños por el aniego.
Ejecución de obras
El documento precisa que la Municipalidad Metropolitana de Lima, el municipio del distrito de San Juan de Lurigancho con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil, además de los ministerios involucrados emprenderán de inmediato las acciones de excepción requeridas para la rehabilitación en las zonas afectadas.
Estas acciones tendrán nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, además podrán modificarse según las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.
La implementación de las acciones previstas será financiada con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados.
Afectaciones por aniego
El Decreto Supremo 006-2019-PCM menciona también que, tras el aniego por el colapso de tuberías de aguas residuales en San Juan de Lurigancho, las viviendas desde las cuadras 10 a la 14 de la avenida Próceres de la Independencia y vías urbanas resultaron muy afectadas.
Debido a esta situación, la rotura de líneas de abastecimiento de agua potable y el colapso de saneamiento en varios lugares originaron nuevos ámbitos geográficos de intervención, lo que perjudica la salud de la población en el lugar.
La norma fue suscrita por el presidente, Martín Vizcarra; el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y los ministros de Educación, Salud, Ambiente, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Interior, Defensa, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción del Empleo, y Energía y Minas.
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