Son siete los detenidos que serán puestos a disposición del juez Richard Concepción Carhuancho. Todos están vinculados en el caso de aportes por parte de Odebrecht a Fuerza Popular.
Siete detenidos por el caso de aportes de la constructora Obebrecht a Fuerza Popular llegaron la madrugada de este viernes a la Prefectura de Lima, luego de que viajaran deste fueron de Tarapoto para que viajen a Lima para ser puestos a disposición del juez Richard Concepción Carhuancho.
Se trata de la gerenta de Desarrollo Social de San Martín, Aurora Torrejón Riva; y el director regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Walter Rengifo Saavedra. También figuran Liz Document Manrique, esposa del regidor provincial de San Martín, Ronald del Castillo Reátegui, y Rafael del Castillo Reátegui, hermano del concejal; así como el empresario Pedro Velayarce Llanos.
También se traslada a Lima a Mayra Alexandra Castañón Dávila, funcionaria del proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo; y Luilith Sánchez Bardales, trabajadora de la botica del congresista Rolando Reátegui.
Funcionaria detenida
Torrejón Riva se puso a disposición de las autoridades y dijo que se enteró de la orden de su captura a través de los medios de comunicación, cuando trabajaba en acciones propias de su función en la localidad de San José de Sisa. Al consultarle por los presuntos aportes que realizó a Fuerza Popular aseguró que nunca aportó “ni hizo nada”.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Document habría aportado a la campaña de Keiko Fujimori S/27,820 en 2011, pero hasta el momento no pudo sustentar el origen de estos fondos. Se informó también que Lulith Sánchez Bardales habría colaborado con S/13,910 para las actividades proselitistas de Fuerza Popular.
Respecto de la detención de sus funcionarios, el Gobierno Regional de San Martín difundió un comunicado en el que señala de la vida privada o partidaria política de cualquier funcionario no tiene nada que ver con las acciones de gestión de la institución.
Detención preliminar
El fiscal José Domingo Pérez solicitó la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras 19 personas, entre ellas varios pobladores de la región San Martín.
Keiko Fujimori es investigada por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que recibió Fuerza Popular para financiar presidencial en 2011.
La investigación comprende los cócteles que el partido sostiene que organizó el partido para recaudar fondos y las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, que aseguran haber entregado presuntos aportes para la campaña.
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