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por Julio Cisneros
·Dentro de su solicitud, la Procuraduría presentó como propuesta inicial que los investigados Lilia Paredes y sus hermanos, Yenifer, Walter y David paguen en forma solidaria la suma de cinco millones 943 mil cuatro soles por concepto de reparación civil.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que se les pueda imponer a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo; sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, y otros, de ser hallados culpables de los cargos que se les imputan a raíz del denominado caso Anguia.
Ello, debido a que el juez Raúl Justiniano declaró fundado el pedido que hizo la defensa legal del Estado peruano para constituirse como "actor civil" o "parte agraviada" dentro del proceso penal que afrontan los investigados por los presuntos delitos de organización criminal y otros.
El magistrado adoptó está medida al determinar que la Procuraduría cumplió con los requisitos formales establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal para aprobar su requerimiento.
El juez Justiniano Romero también remarcó en su resolución emitida el último 1 de agosto, a la que tuvo acceso RPP Noticias, que las partes que intervienen en el proceso no presentaron oposición al pedido que hizo la defensa legal del estado dentro de este caso.
La Procuraduría presentó dentro de su solicitud de constitución en actor civil su propuesta inicial para que estos investigados paguen, en forma solidaria, la suma no menor a cinco millones 943 mil cuatro soles por concepto de reparación civil.
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¿Qué delitos les imputan?
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a Lilia Paredes; sus hermanos Yenifer, Walter y David; al exalcalde de Anguia José Nenil Medina Guerrero, y otros ser parte de una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas en Lima, Cajamarca y Amazonas.
La supuesta organización criminal habría favorecido a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.
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