La Corte Suprema adoptó esta medida al declarar fundado “en parte” la solicitud de Pedro Castillo para que se realice un control del plazo de la investigación preliminar fiscal sobre el proceso de ascensos de oficiales en las Fuerzas Armadas y la PNP en el año 2021.
Judiciales
Corte Suprema ordena poner fin a investigación preliminar seguida a Pedro Castillo
La Corte Suprema del Poder Judicial ordenó que se ponga fin a la investigación preliminar fiscal seguida al expresidente Pedro Castillo y otros por una presunta injerencia de su gobierno en el proceso de ascensos de oficiales en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en el año 2021.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida al declarar fundado “en parte” la solicitud que hizo Walter Ayala, exministro de Defensa y abogado del exmandatario, Pedro Castillo, para que se realice un control del plazo de esta investigación preliminar fiscal.
El tribunal presidido por el juez supremo César San Martin desestimó el pedido formulado por el extitular de Defensa para que se declare la caducidad de las actuaciones realizadas por el Ministerio Público posteriores al 7 de enero del 2022, al sostener que se varió las imputaciones y los plazos valiéndose de una motivación insuficiente y arbitraria.
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Al respecto, el colegiado supremo determinó que no puede confundirse los efectos de la expiración del plazo respecto de las actuaciones realizadas tras su vencimiento –como se estipuló, no cabe declarar la ineficacia las actuaciones llevadas a cabo con posterioridad–, con la legalidad misma de las ampliaciones en orden al derecho al plazo razonable o interdicción de las dilaciones indebidas, que tiene relevancia constitucional.
Ante ello, la sala suprema dispuso que la Fiscalía de la Nación proceda a emitir la disposición que corresponda, sin perjuicio de que las diligencias y actos realizados hasta el momento conservan su validez o eficacia procesal.
El expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa, Walter Ayala, son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias con agravantes en perjuicio del estado a raíz de este caso.
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