La resolución fue emitida por la Segunda Sala Nacional de Apelaciones que preside el juez superior, César Sahuanay. Con estas decisiones la sala rechazó el pedido de la Fiscalía para dictar prisión preventiva a las investigadas en el caso de presuntos aportes de Odebrecht a Fuerza Popular.
El Poder Judicial anuló este lunes el mandato de comparecencia con reglas de conducta e impedimento de salida del país por 36 meses impuesto a Carmela Paucará Paxi, quien es sindicada como secretaria personal de Keiko Fujimori en los partidos Fuerza 2011 y Fuerza Popular.
La resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional reformó la decisión emitida en primera instancia por el juez Richard Concepción Carhuancho, el pasado 23 de noviembre de 2018.
Entonces, el magistrado dictó esta medida como parte de la investigación que realiza el Ministerio Público por los presuntos aportes de Odebrecht al fujimorismo en las últimas campañas presidenciales.
De esta forma, el tribunal que preside el juez superior César Sahuanay determinó que en adelante, Paucará Paxi deberá afrontar esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia simple sin restricciones.
Confirman arresto domiciliario a Adriana Tarazona
La sala superior también incluyó en la resolución el caso de Adriana Tarazona Martínez, contra quien el juez Concepción Carhuancho dictó 36 meses de arresto domiciliario sujeto a reglas de conducta por el mismo caso.
El documento confirmó la orden contra Tarazona, quien es sindicada por la Fiscalía como la tesorera de Fuerza Popular dentro del mismo caso por el que se investiga a la excandidata presidencia Keiko Fujimori.
También reiteraron que Tarazona deberá realizar un pago por 20 mil soles en 30 días hábiles como caución dentro de esta investigación que realiza el Ministerio Público.
Con estas decisiones, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó los pedidos que realizó la Fiscalía para imponer prisión preventiva por 36 meses contra Paucará Paxi y Tarazona Martínez en la investigación que se les sigue por presunto lavado de activos.
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