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por Julio Cisneros
·La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, afronta una investigación preparatoria por suspender en 2022 tres pesquisas seguidas contra el entonces presidente Pedro Castillo.
La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Poder Judicial que la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pague la suma de 200 000 soles como reparación civil a favor de Estado peruano.
La defensa legal del Estado planteó esta propuesta inicial de reparación civil dentro de la solicitud que sustentó este lunes, 2 de octubre, ante el juez supremo Juan Carlos Checkley para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria contra la extitular del Ministerio Público.
Ávalos Rivera es investigada por haber suspendido las investigaciones que había iniciado su despacho al entonces presidente Pedro Castillo por los casos ascensos militares, Puente Tarata y Petroperú hasta que culminará su mandato en julio del 2026, tras haber interpretado el artículo 117 de la Constitución.
Este hecho motivo que el último 21 de junio, el pleno del Congreso apruebe inhabilitar a Zoraida Ávalos por cinco años para ejercer cargo público por una presunta infracción constitucional a raíz de este caso.
Abogado de Zoraida Ávalos se opuso al pedido
Durante esta audiencia virtual, el procurador adjunto Joel Córdova Rojas rechazó la oposición que presentó la defensa legal de la exfiscal de la Nación al pedido que hizo para que su institución sea incorporada como actor civil en esta investigación preparatoria
El letrado indicó que han cumplido con lo que dispone la norma en respuesta a la defensa legal de Zoraida Ávalos, quien alegó la Procuraduría General del Estado no precisó el elemento del daño o razón para que solicite ser parte civil y pedir una reparación civil en este caso.
Córdova Rojas, por su parte, remarcó que no se trata de una lesión a un bien jurídico sino también la existencia de un daño moral.
En tanto, Daniel Lolli, abogado de Ávalos Rivera, cuestionó que la PGE no haya precisado de manera escrita el tipo de daño que se habría causado y que este aspecto debería ser subsanado.
El letrado remarcó también que la Procuraduría realizó una copia textual de la imputación de la disposición fiscal de la investigación preparatoria basándose en alcances penales y no un sustento de constitución civil, entre otros argumentos.
Tras escuchar a las partes, el juez supremo Juan Carlos Checkley anunció que notificará su decisión a las partes dentro del plazo de ley.
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Julio Cisneros Periodista
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