¿Cuántas “reformas” se vienen ejecutando en el Perú? ¿Cuántas de esas reformas están ya mostrando algunos resultados? ¿Cuántas han sido evaluadas y ajustadas durante su ejecución? ¿Cuántas nuevas reformas se vienen diseñando? Aunque no recuerdo qué “reformas” del siglo XXI podrían considerarse exitosas, sí recuerdo diversas “reformas” truncas que parecen encontrarse aún en diferentes etapas de implementación, yendo a diferentes ritmos de avance.
No intento evaluar cada una de las indicadas reformas, pero sí advertir que es insuficiente que el Estado inicie o conduzca la implementación de “reformas” cuando aún existen procesos inconclusos, detenidos en el tiempo e incluso fracasados.
A continuación, aquí describo solo algunas de las “reformas” que se vienen a mi mente no por buenas razones:
Reforma tributaria: después de los 90, no se ha implementado una verdadera readecuación del sistema tributario al logro de objetivos de desarrollo de mediano y largo plazo; los ajustes han sido muy reactivos y focalizados y los niveles de incumplimiento tributario son los más altos de los países de la Alianza del Pacífico.
Reforma pensionaria: con solo un 30% de formalidad laboral, pensiones promedio de S/. 900 soles, tasa de reemplazo de no más de 40% y con tendencias globales que reducirán esos valores en el futuro; una enorme asimetría de información que afecta a los próximos pensionistas.
Reforma laboral: el 73% de empleo informal, especialmente regresivo en los segmentos de menores ingresos y empresas de menor tamaño, así como en los más jóvenes, exige no un combate de la informalidad, sino una mejor comprensión del fenómeno que pasa por la baja productividad relativa de las micro y pequeñas empresas, una legislación laboral rígida y dificultades burocráticas que encarecen la contratación formal.
Reforma del empleo civil: con 22% de empleados públicos en el régimen laboral del D. Leg. 728, 38% en el D. Leg. 276 y 40% en CAS (mayoría que refleja la informalidad del empleo público), aunque a la fecha solo dos entidades (ONP y Servir) cuentan ya con personal bajo el régimen del Servicio Civil, que promueve la carrera pública basada en meritocracia; algunas entidades han logrado ser excluidas de dicha Ley.
El proceso de descentralización: contrario a su objetivo, desde el 2002, ha ampliado las brechas en algunos servicios. Preocupa el deficiente proceso de distribución de recursos económicos. Las decisiones sobre el gasto dependen de las regiones, pero el dinero proviene en su mayoría de trasferencias del gobierno central. Más canon no ha garantizado más crecimiento descentralizado y la corrupción y proyectos inservibles es lo que más ha desorientado su buen uso.
Lo responsable de parte de cualquier autoridad debería ser “rendir cuentas” sobre dichas “reformas”, informar su justificación y estado de situación. ¿Sobre quiénes recaen los costos de la falta e ineficacia de estas y otras reformas? De ninguna manera recaen sobre las autoridades y verdaderos responsables de su diseño, sino sobre los ciudadanos; no solo sobre los actuales adultos que son parte de la Población Económicamente Activa, sino especialmente sobre las próximas generaciones de peruanos.
La miopía de las actuales autoridades resulta de la falta de incentivos suficientes para que aprecien el futuro tanto como el presente; es preferible mostrar resultados tangibles en 5 años que mostrarlos 10 años más tarde. ¿Quién representa la voz y preocupación de las próximas generaciones? Me aventuraría a decir que nadie.
El mismo sesgo cognitivo del que se critica al ciudadano aqueja a nuestras autoridades electas. Por lo tanto, nuestra institucionalidad se ha ido construyendo a fin de privilegiar el disfrute de beneficios presentes y con ello, ha generado incentivos a la corrupción y a la ineficiencia e ineficacia del Estado.
Es urgente contar con un mecanismo institucional que valore el futuro tanto o más que el presente y así se fuerce a las autoridades electas y designadas a privilegiar el desarrollo por encima del mero crecimiento y a consolidar reformas de inmediato.
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