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Iniciativa Público – Privada para financiar posgrados de calidad

El Estado y el sector privado debieran unir esfuerzos para ofrecer oportunidades de financiamiento accesibles a todos los estudiantes que quieran cursar posgrados de calidad, en el país y en el exterior.

He tenido la inusual fortuna de poder cursar cuatro maestrías, y ahora un Doctorado, en universidades de alto prestigio mundial. Esos estudios los he financiado mayormente con recursos propios, con becas de gobiernos foráneos y de las respectivas universidades, y con créditos educativos concedidos por entidades públicas y privadas del exterior. Soy consciente que la inmensa mayoría de estudiantes peruanos no son tan afortunados y que, generalmente, la principal causa por la cual no pueden aspirar o completar estudios de posgrado de calidad es la falta de apoyo financiero.

Vivimos en la era de la economía del conocimiento y es obvio que el Perú requiere multiplicar su universo de profesionales altamente especializados. Los empeños por mejorar nuestra competitividad como país deberían empezar por allí. La educación terciaria tiene retornos sociales que no suelen ser adecuadamente ponderados en los análisis comparativos: además de mejorar las posibilidades de empleabilidad, y por tanto la tasa de retorno personal, agrega competitividad a los países; y además forma ciudadanos con mejores capacidades de discernimiento y aptitudes para desempeñar funciones de liderazgo en las esferas pública o privada. La educación terciaria en particular suele tener un impresionante impacto en términos de aumentar la equidad y mejorar las posibilidades de inserción social.

La mejora en las oportunidades de acceso a la educación terciaria de alta calidad es una tarea pendiente, y está relacionada directamente con el financiamiento de los estudios.
La mejora en las oportunidades de acceso a la educación terciaria de alta calidad es una tarea pendiente, y está relacionada directamente con el financiamiento de los estudios. | Fuente: freeimages

En el Perú, las deficiencias en la educación terciaria son significativas. En las últimas décadas se ha masificado la educación terciaria en nuestro país, pero el proceso se caracteriza por la casi generalizada notoria falta de calidad. Esto constituye una clara evidencia del “equilibrio de bajo nivel” en la provisión de servicios públicos, cuya disrupción requiere de un cambio cultural, como lo manifestó el Banco Mundial ya en el año 2006. El establecimiento de la SUNEDU es un paso en la dirección correcta, particularmente para incentivar la mejora en la calidad formativa; pero subsisten muchos otros aspectos que demandan ser analizados y abordados para lograr una educación terciaria inclusiva y de alta calidad.

La mejora en las oportunidades de acceso a la educación terciaria de alta calidad es una tarea pendiente, y está relacionada directamente con el financiamiento de los estudios. El Programa Beca 18, de subsidio público para estudios universitarios, es un paso en la dirección correcta, como lo es también el sistema de crédito educativo para funcionarios públicos administrado por Servir. Pero estos programas son insuficientes, pues el volumen de subsidios y créditos que ofrecen es limitadísimo, y la inmensa mayoría de estudiantes no califican para ser beneficiarios.

En el Perú, a diferencia de cualquier país desarrollado y de muchos vecinos en proceso de desarrollo, no existe un sistema de financiamiento de estudios terciarios, que ofrezca créditos poco costosos y de largo plazo a todos los universitarios. Debiera convertirse en política de Estado el garantizar que todo peruano pueda acceder a una educación terciaria de calidad, en el país o en programas de posgrado en el extranjero, y para ello debieran forjarse alianzas público-privadas, acaso con participación de organismos internacionales.

A tal efecto, el Estado podría suscribir convenios con instituciones financieras privadas para proveer a estas un porcentaje significativo de la garantía y del monto dinerario de cada crédito educativo que otorguen, colaborando así a hacerlos viables y a abaratarlos sustancialmente. En el caso de las mejores universidades peruanas, ellas podrían participar de la iniciativa asumiendo una porción de la garantía crediticia cuando el beneficiario sea un alumno suyo.

Un profesional que ha recibido una educación universitaria de calidad y que por tanto es muy competitivo en el mercado laboral tiene un alto incentivo para honrar un crédito universitario. Para las instituciones financieras privadas, la garantía y el aporte dinerario estatal, y la participación de algunas universidades nacionales como cogarantes —en proporción significativa de cada crédito— darían sustancial viabilidad a esas operaciones y las harían comercialmente atractivas, con el incentivo adicional que representarían una inmejorable oportunidad de fidelización de nuevos clientes.

Pero, ¿cómo financiar un emprendimiento de tal magnitud? Una porción significativa de los fondos requeridos puede ser cubierta mediante la reforma del régimen del canon. Solamente en 2018, las universidades nacionales ubicadas en regiones con actividad minera recibieron 154 millones de soles, correspondientes al ejercicio 2017, que se agregan a los muchos otros cientos de millones de soles de canon de investigación universitaria que dormitan sin ser utilizados en las cuentas de esas casas de estudios. Según CONCYTEC, las universidades beneficiarias solamente logran utilizar alrededor del 35% de los recursos asignados para investigación provenientes de canon. Subsidiariamente, para un país subendeudado como el Perú, los retornos sociales de brindar a todos una educación terciaria de calidad justificaría recurrir al endeudamiento externo, dentro del actual contexto de bajas tasas de interés en los mercados globales, particularmente cuando se trataría de financiar créditos que serían finalmente reembolsados al Estado. Es decir, existe la necesidad y también los recursos para darle cara; lo que falta es imaginación y decisión, tanto en el Estado como en el sector privado.

Adicionalmente, debiera propenderse a la ampliación sustancial de los programas de becas universitarias ya existentes. El Estado pudiera, por ejemplo, transferir en fideicomiso recursos financieros a la Comisión Fulbright, al Consejo Británico, al PRONABEC, al CONCYTEC y al Instituto Peruano de Fomento Educativo, para que estas eficaces entidades puedan aumentar el volumen de becas que ofrecen.

La creación de un sistema público-privado de garantía y fondos crediticios para el financiamiento de la educación terciaria de calidad para todos, y el aumento de la oferta de becas, debiera ser uno de los legados importantes que dejemos para las futuras generaciones con ocasión del advenimiento del Bicentenario de nuestra Independencia. La educación es ante todo una experiencia liberadora y enriquecedora, y es indispensable para forjar ciudadanos comprometidos con los valores democráticos y con el progreso socioeconómico de nuestra patria. ¡Qué mejor inversión en nuestro futuro!

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.
Oscar Schiappa-Pietra

Oscar Schiappa-Pietra Experto en gestión pública y en asuntos internacionales

Catedrático, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Gestión Pública, Kennedy School of Government, Harvard University; Magister en Derecho Internacional y Comparado, George Washington University; Magister en Planeamiento y Políticas Sociales, London School of Economics and Political Science; Magister en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del Perú; Licenciado en Derecho y Abogado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Candidato a Doctorado, Universidad de Salamanca.

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