Este 2022 se cumplen veinte años del inicio del proceso de descentralización fiscal y la creación de los Gobiernos Regionales. Las veinticinco autoridades que culminan su periodo y varios exgobernadores enfrentan investigaciones fiscales. También hay gobernadores con sentencia, orden de prisión preventiva, que están prófugos o que han purgado arresto domiciliario.
Ya son veinte años desde la puesta en marcha del proceso de descentralización que buscó otorgarle autonomía a los gobiernos regionales tanto en poder, competencias y en el gasto público. Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 son el escenario propicio para analizar cómo se encuentran estas instituciones subnacionales a vísperas de elegir a nuevas autoridades para los siguientes cuatro años.
Desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, en el documento “La Descentralización Fiscal en el Perú: Situación Actual y Propuesta de Coparticipación Tributaria”, se afirma que la tan anhelada descentralización se encuentra “en un punto de estancamiento y su implementación muestra serios problemas”. Una de las dificultades, señalan, es depender de las transferencias económicas del Gobierno central que no permiten la equidad entre regiones.
“La descentralización y la regionalización han sido una reforma largamente esperada que generó interés en los primeros años, sin embargo; esta expectativa no ha dado los resultados que la regiones quisieran. En todo caso lo que hemos tenido son transferencias de algunas funciones elementales como salud y educación, pero la profundización del desarrollo económico y de cambios sustantivos sociales ha quedado inconcluso”, señala José Koechlin, coordinador académico del Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Es por ello que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales propone modificar la manera en que se establecen las transferencias de recursos desde el Gobierno central para lograr que los gobiernos regionales cuenten con mayores niveles de predictibilidad sobre sus ingresos futuros, y sus presupuestos sean establecidos utilizando criterios técnicos y razonables que los vuelva competitivos.
Objetivo incumplido
Básicamente, el objetivo principal de la descentralización (y por ende, la creación de los Gobiernos Regionales) era acercar el Estado a la gente para responder de mejor manera a sus necesidades de acuerdo a las realidades colectivas de sus áreas territoriales. Para el Grupo Propuesta Ciudadana, en su documento “Hacia una nueva narrativa descentralista”, esto no se ha logrado a veinte años de iniciado el proceso y, por el contrario, “solo se distribuyó una gran cantidad de recursos que, dados los márgenes de discrecionalidad y las fallas de control gubernamental, se tornaron en botines apetitosos del micropoder”, señala el estudio.
“Esto tiene que ver con el pobre desempeño que han tenido algunas regiones que han estado atravesadas no solamente por falta de capacidades técnicas, sino por evidentes casos de corrupción. Todo esto ha hecho que el Gobierno nacional les ponga finalmente un freno y carezcan de autonomía”, señala José Koechlin.
La falta de capacidad se refleja, según especialistas, en el bajo nivel de gestión y hoy se ven las consecuencias. El contralor general de la república, Nelson Shack, advierte que son 2350 obras paralizadas en regiones a junio de este año, lo que equivale a 29 mil millones de soles. Además, las inversiones para este año apenas superan los 10 mil millones de soles.
El factor corrupción
La corrupción es un lastre que afecta a todos los niveles de gobierno y en consecuencia el proceso de descentralización no ha sido ajeno a ella. Si bien no es un factor determinante para desalentar la construcción y fortalecimiento de un verdadero proceso de regionalización y descentralización; es necesario observar el desempeño de las autoridades subnacionales a través de la transparencia de sus gestiones.
Cabe recordar que al 2021 la Contraloría General de la República reportó una pérdida de S/24,262 millones por inconducta funcional en la administración pública. De esa cifra, las pérdidas a nivel de los gobiernos regionales ascendieron a S/8,842 millones, lo que representó un 21.9% del presupuesto ejecutado en ese año.
Con las Elecciones Regionales y Municipales 2022 a celebrarse este 02 de octubre, veinticinco gobernadores regionales dejarán el cargo este 31 de diciembre y todos lo harán enfrentando investigaciones fiscales. Todos a la fecha, sin excepción, tienen un mínimo de dos a un máximo de 62 investigaciones activas, según información del Centro Liber del Instituto Peruano de Prensa y Sociedad (IPYS).
De 557 investigaciones solo a nivel de los gobernadores regionales de los últimos 4 años, el 70% de ellas son por delitos de corrupción. Los gobernadores de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar; y de Loreto, Elisbán Ochoa; son los que más procesos tienen en su haber con 60 y 62 casos respectivamente.
Ubaldo Polinar tiene 2 casos en investigación formalizada, 24 en etapa preliminar y uno con acusación. Negociación incompatible, abuso de autoridad y peculado, son algunos de los delitos que se le atribuyen.
Presuntos delitos de tráfico de influencias, usurpación y enriquecimiento ilícito se le atribuyen a Elisbán Ochoa quien año a año ha venido acumulando denuncias desde el inicio de su gestión.
Baltazar Lantarón, gobernador de Apurímac, registra 35 investigaciones por tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo, concusión, nombramiento ilegal de cargo público, peculado, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Mesías Guevara Amasifuén, gobernador regional de Cajamarca es una de las autoridades regionales con menor número de investigaciones fiscales. Cuenta con cinco casos: cuatro de ellos en Cajamarca y uno en Lambayeque de los cuales cuatro tienen archivo preliminar.
Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, encuentra responsabilidad, por la gran cantidad de investigaciones fiscales, en las propias organizaciones políticas. “Estas organizaciones políticas son las que deberían en teoría postular a personas probas o competentes que puedan dirigir el destino de las respectivas regiones de forma íntegra. Otro aspecto que juega en contra es el propio sistema de corrupción que se encuentra institucionalizado en los gobiernos subnacionales. Romper con esta inercia es difícil”, sostiene.
Con prisión preventiva
En este año se les dictó prisión preventiva a los gobernadores de Madre de Dios, Luis Hidalgo; y de Huánuco, Juan Alvarado, quien se encuentra prófugo de la justicia. El gobernador de Lambayeque, Anselmo Lozano, cumplió arresto domiciliario y ahora continúa su proceso en libertad.
El 27 de noviembre de 2021 el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica por los presuntos delitos de organización criminal y contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo y pasivo en agravio del Estado. Por este motivo, el Jurado Nacional de Elecciones, lo suspendió en sus funciones como autoridad regional y decidió retirarle sus credenciales.
La región Áncash, una vez más, tuvo que enfrentar quedarse sin autoridad regional. Juan Carlos Morillo Ulloa enfrenta prisión preventiva desde diciembre de 2020 por presuntos actos de corrupción en la construcción y equipamiento de ambientes COVID-19 en dos hospitales ancashinos.
Wilmer Dios Benites, exgobernador de Tumbes, fue sentenciado a 4 años de prisión por el delito de colusión agravada por un caso que data del 2011. Hoy se encuentra prófugo y el Ministerio del Interior ofrece 20 mil soles por información sobre su paradero.
Este medio buscó recoger la opinión y balance del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), que es el gobernador regional de Cusco, Jean Paúl Benavente García, pero no fue posible pese a las coordinaciones con su personal de prensa.
A propósito del presidente de la ANGR, este tiene 24 investigaciones fiscales según la información del Centro Liber. Desde Arequipa, Jorge Lira, especialista en descentralización, señala que el rol sancionador de las autoridades de control y justicia debe ser eficiente.
“La falta de efectividad de los organismos de control del estado, así como de los poderes legislativo y judicial, son parte de la gravedad de los delitos, porque se comprueba que se sanciona tarde, mal y nunca, a los que cometen este tipo de faltas”.
Así cierran su ciclo los 25 gobernadores regionales a veinte años de haberse cumplido el proceso de descentralización. Conozca más detalles de los nuevos postulantes a los gobiernos regionales, sus antecedentes y planes de gobierno en la página web votoinformado.jne.gob.pe
Lima
GORE 20 AÑOS EPETM
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