Con ello, el Congreso deberá enviar a la Fiscalía de la Nación el expediente con la acusación constitucional por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato.
El Congreso de la República oficializó este jueves las sanciones políticas y judiciales contra la suspendida fiscal Delia Espinoza Valenzuela. A través de dos resoluciones legislativas publicadas en el diario oficial El Peruano, el Parlamento formalizó su inhabilitación por una década y autorizó su procesamiento penal.
La Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR impone la sanción de inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la magistrada. Esta medida se sustenta en la infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución Política del Perú.
En simultáneo, el Legislativo publicó una segunda resolución en la que declara "haber lugar a la formación de causa penal" contra Espinoza Valenzuela.
Con esta decisión, se levanta el fuero de la fiscal suprema para permitir que sea procesada por el Ministerio Público como presunta autora de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.
Motivo de la suspensión
De acuerdo con los considerandos del Parlamento, estas medidas se sustentan en la emisión de la Resolución 2246-2024-MP-FN por parte de los fiscales supremos; la cual, a su entender, contiene extremos "contrarios al texto expreso de la Ley 32130", modificando de facto los roles de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
El informe final aprobado argumenta que la fiscal Espinoza y otros magistrados habrían dispuesto "dolosa e intencionalmente" que no se cumpla la Ley 32130, la cual otorga a la Policía Nacional el rol de encargarse de la estrategia operativa y la investigación material del delito.
Las resoluciones llevan las firmas del encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, y del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón Rojas.
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