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por Sergio Espinoza
·El abogado Roberto Pereira alegó que “hay un conflicto de intereses” con la iniciativa que establece sanciones a los fiscales por las filtraciones de las declaraciones de los colaboradores eficaces, porque el autor del proyecto, Luis Cordero Jon Tay, fue incluido en la investigación seguida a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Congreso
El proyecto de Cordero Jon Tay busca “amedrentar” a fiscales, advierte especialista Roberto Pereira
El abogado penalista Roberto Pereira cuestionó este jueves el proyecto de ley que presentó el congresista Luis Cordero Jon Tay, de Acción Popular, para sancionar a los fiscales a cargo de un caso por las filtraciones de las declaraciones e informaciones brindadas por un colaborador eficaz.
En La Rotativa del Aire, el letrado calificó de “innecesario” a la iniciativa legislativa N° 748/2023-CR porque ya existen mecanismos que garantizan la reserva de las investigaciones y, además, establecen responsabilidades funcionalidades; tanto para fiscales como para el personal por resquebrajar el “deber de reserva” de una investigación.
Y es que Cordero Jon Tay alega en su proyecto que el fiscal a cargo del proceso de colaboración eficaz es el responsable funcional por cualquier filtración que se realice durante el proceso de investigación.
Pereira criticó que el legislador acciopopulista asuma automáticamente que un fiscal es responsable por una filtración, cuando no siempre es así; puesto que -explicó- durante el proceso la información se puede filtrar por el abogado de un colaborador eficaz o durante una eventual participación de la Procuraduría en un proceso.
“Hay una multiplicidad de fuentes y factores por las que se puede filtrar la información, pero el proyecto asume que en todos esos casos es responsable el fiscal y; por tanto, tendrá que ser sometido a un proceso de responsabilidad funcional”, señaló.
Es un mensaje de amedrentamiento, señala especialista
Para el especialista, la iniciativa legislativa da un “mensaje de amedrentamiento” a los fiscales a cargo de casos coyunturales, entre ellos la investigación preliminar que se le sigue a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en el Ministerio Público y con nexos en el Congreso.
“Creo que en el fondo existe la preocupación de los congresistas que promueven este tipo de normas para que la población no se entere de la serie de irregularidades y delitos en que están comprendido. Ese es el fondo de una norma que técnicamente está mal diseñada”, apuntó.
“Es una amenaza hacia los fiscales y para que la opinión pública no conozca información que los vincula directamente”, agregó.
Finalmente, Roberto Pereira aseveró que existe un “conflicto de interés” con esta propuesta, debido a que Cordero Jon Tay fue recientemente incluido en la investigación contra Patricia Benavides.
Como se recuerda, el mencionado legislador es uno de los 14 congresistas comprendidos en la investigación a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometido por Funcionarios Públicos.
Cordero Jon Tay también es parte de los cinco congresistas que presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de la función pública. Esto por la inclusión de los citados parlamentarios en las pesquisas contra Benavides Vargas.
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Sergio Espinoza Periodista
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