Los gobiernos locales son los que tienen más quejas por poner trabas al derecho de acceso a la información pública

Entre 2018 y 2022, la Defensoría del Pueblo recibió 4104 quejas ciudadanas por vulneración del derecho de acceso a la información pública. La mayoría de estos reclamos señala a las municipalidades provinciales y distritales de haber afectado el ejercicio de derecho que permite a la ciudadanía poder fiscalizar a sus autoridades, comenta Karina Díaz, comisionada de la Adjuntía para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.

“Dentro de las entidades hemos advertido que son los gobiernos locales, con un 53% aproximadamente, los que tienen mayor cantidad de quejas. Luego, tenemos a los ministerios con un 26.9%, y, en tercer lugar, a los gobiernos regionales, a las universidades y a los organismos constitucionalmente autónomos, que solamente se presenta un 2% dentro de las quejas”, explica RPP Noticias.

La funcionaria sostiene que lo reportado respecto a los gobiernos locales se condice con lo registrado por los órganos competentes del ejercicio de este derecho, como el Tribunal de Transparencia, pues son estas las que más apelaciones presentan ante esta instancia. 

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¿Cómo se vulneró el derecho de acceso a la información?

Del total de quejas alcanzadas a la Defensoría del Pueblo se pudo identificar que la principal es por la falta de respuesta de la entidad, sea positiva o negativa, dentro del plazo de diez días hábiles establecidos en la norma para responder a un pedido formulado por transparencia. Esta vulneración se ha repetido históricamente, indica la funcionaria, desde que se implementó en el año 2002 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley N° 27806.

“[Del total de quejas] tenemos que la falta de respuesta [ante un pedido ciudadano de transparencia] es del 58%, luego tenemos un 5% [de instituciones] que sí responden, pero de manera incompleta, [o con información] desactualizada o el formato en el que te envían la data no es el que el ciudadano solicitó (...) Y tenemos un 4% relacionado con la falta de actualización de los portales de transparencia estándar”, señala.

Díaz manifiesta que todo ciudadano puede solicitar al Estado información sobre proyectos, donaciones, contrataciones de bienes y servicios, entre otros rubros, que -recalca- deberían estar publicados en el portal web de Transparencia estándar de las entidades. “Pero a veces [esta información] se encuentra desactualizada o la forma de acceder a este portal no es tan amigable”, refiere.

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¿Se debe mejorar el acceso a la información pública?

El profesor de Derecho Constitucional, Rafael Cantoni, considera que se han realizado avances para la aplicación de este derecho en el país, que van desde la creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, precisiones y reglamentaciones de la norma hasta la creación de organismos administrativos vinculantes, como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP).

“El derecho fue consagrado constitucionalmente en el artículo 2 numeral 5 de la Constitución puntualmente, está el derecho fundamental de acceso a la información pública. Pero con la Ley 27806 se dio muchos detalles que permitían un mejor ejercicio del derecho. Sin embargo, no había una autoridad que estuviera detrás regulándolo, una autoridad específica para dicho propósito. Entonces, cuando ha llegado el Tribunal de Transparencia y la Autoridad Nacional de Transparencia, el tema se ha ordenado mucho más”, sostiene.

Cantoni también recalca que el derecho de acceso a información pública es un instrumento “de primera mano” con el que cuenta el ciudadano para “conocer las cosas que están sucediendo en la administración” del Estado. Por medio de este mecanismo puede solicitar documentación (actas, oficios, correos electrónicos, etc) siempre y cuando esta información no comprometa la seguridad del país.

Asimismo, el docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) considera que debe haber una mayor concientización en el ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía, pero también un mayor trabajo de las instituciones del Estado para la implementación de portales de transparencia en sus páginas web y la capacitación constante hacia sus funcionarios acerca del procedimiento a seguir cuando se reciben solicitudes de acceso.