Alexander Bazán, abogado de Fuerza Popular, dijo que una de las causas alegadas por Delia Espinoza para pedir que se declare ilegal al partido es un presunto vínculo con ‘La Resistencia’, el cual negó, aunque consideró que ese grupo ejerce su "libertad de expresión" para promover "actos de cuestionamiento público".
El pasado mes de septiembre, la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema una solicitud para declarar ilegal al partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, por presuntamente haber incurrido en conductas antidemocráticas.
Al respecto, Alexander Bazán, abogado de la referida agrupación política, en diálogo con RPP, señaló que uno de los alegatos de la otrora titular del Ministerio Público es el presunto vínculo que tendría Fuerza Popular con el grupo autodenominado ‘La Resistencia’, liderado por Juan José Muñico, conocido como J Maelo, recientemente condenado por difamación.
En ese sentido, Bazán negó que el partido fujimorista tuviera algún vínculo con dicho grupo y resaltó que, incluso, la lideresa de Fuerza Popular hizo un deslinde público. No obstante, el letrado señaló a ‘La Resistencia’ como un "movimiento" que, "en ejercicio de su libertad de expresión", promueve "actos de cuestionamiento público".
"Una de las causales que ha utilizado la señora, la exfiscal de la Nación, es esa. El hecho de que, supuestamente, Fuerza Popular, de manera directa, auspiciaría este tipo de movimientos, como La Resistencia, que en ejercicio de su libertad de expresión promueve actos de cuestionamiento público a ciertas autoridades", indicó Bazán.
Al señalársele que dicho grupo ha protagonizado actos de hostigamiento contra periodistas en sus domicilios, el abogado indicó que "son actos que no forman parte de la política del partido", pero que se debe "entender" que los personajes públicos tienen "un nivel de tolerancia de la crítica".
"Nosotros, desde el lado de Fuerza Popular, se ha considerado que son actos que no forman parte de la política del partido. Es más, la lideresa del partido ha deslindado públicamente de esas conductas. Sin embargo, tenemos que entender que los personajes públicos tienen un estándar, un nivel de tolerancia de la crítica, inclusive de la crítica ácida, bastante alto, por encima de una persona común, privada", aseveró.
"Por eso es que se ha hecho una discrepancia, un rechazo público de ese tipo de conductas. Y, precisamente, en el alegato que hemos desarrollado hace unos días, hemos indicado que el partido no tiene ninguna vinculación y, es más, en la demanda que presentó la exfiscal de la Nación no existe un solo elemento de convicción, un solo medio probatorio que pueda vincular al partido directamente con estas personas", añadió.
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¿Qué otros alegatos se han presentado para solicitar la ilegalidad de Fuerza Popular?
Bazán indicó que existen otros tres alegatos presentados por Delia Espinoza para sustentar su pedido de que se declare ilegal al partido fujimorista, como una supuesta actuación "antidemocrática sistemática" para "auspiciar el delito".
"La demanda que presentó la exfiscal de la Nación también se sustenta en una supuesta conducta antidemocrática sistemática por auspiciar el delito. ¿Y a qué me refiero? Imputa que, supuestamente, la Escuela Naranja, que es el vehículo de difusión ideológica del partido, auspicie el hecho de la supuesta -para la exfiscal de la Nación- existencia de delitos de lesa humanidad cometidos por el expresidente Alberto Fujimori", sostuvo.
"En concreto, ¿qué dice la exfiscal de la Nación? Argumenta que, porque la Escuela Naranja sostiene que ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que se reconoció que al señor Fujimori no se le sentenció por delitos de lesa humanidad, por difundir esa tesis, estaría incurriendo el partido en una conducta antidemocrática sistemática grave. Lo cual es absurdo, porque lo único que hace el partido o sus organismos de difusión ideológica es reconocer la realidad", indicó.
El abogado resaltó que, a su parecer, "al expresidente Alberto Fujimori no se le sentenció por delitos de lesa humanidad, aunque a la señora Delia Espinoza no le agrade".
"La causa número tres estaba referida a que, supuestamente, Fuerza Popular habría arbitrariamente, de manera sistemática y antidemocrática, expulsado a algunos miembros del partido por posiciones ideológicas, lo cual es falso. ¿A qué se refiere la señora Espinoza? Se ha referido, por ejemplo, a la separación de los denominados congresistas Avengers del Congreso anterior", señaló.
"En torno al señor Kenji Fujimori que, por cierto, no fue expulsado, sino él renunció al partido. Pero la señora Espinoza sostiene que hay una conducta sistemática, es decir, continua, permanente, directa, abusiva, destinada a expulsar a los militantes que no tienen la misma línea ideológica del partido, lo cual es falso. A los excongresistas denominados Avengers se les separó del partido en un proceso democrático interno, en ejercicio, por supuesto, de la propia Ley de Partidos Políticos y las garantías previstas en la Constitución para el debido proceso. Entonces, no se puede imputar una conducta antidemocrática al nivel que se pretende llevar por estos casos administrativos concretos", agregó.
Asimismo, sostuvo que el cuarto alegato es que, con "los votos de la bancada, se han auspiciado leyes" que vulnerarían el ordenamiento jurídico.
"La cuarta razón está referida a que, supuestamente, a través de los votos de la bancada se han auspiciado leyes como, por ejemplo, la Ley de Amnistía, de las rondas campesinas, de los militares vinculados a la violencia interna de hace algunas décadas y también la ley que reconoce o que delimita el criterio de imprescindibilidad de los delitos de lesa humanidad a raíz de la vigencia del Estatuto de Roma", explicó.
"Lo que nosotros decimos, lo que la defensa sostiene es que esas leyes, ambas leyes, son producto del debate democrático interno dentro del Parlamento. Y si a alguien no le gustan esas leyes, pueden ser impugnadas, como han sido en algún caso concreto, en el Tribunal Constitucional. Pero atribuir a que Fuerza Popular, supuestamente, desarrolle una conducta antidemocrática destinada a quebrantar el sistema democrático nacional con la promulgación de dos leyes que han requerido votos de bancadas adicionales, nos parece totalmente absurdo. Y así lo hemos sustentado en el informe oral", remarcó.
Finalmente, el letrado consideró que la sentencia de la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema "debería de estar expidiéndose, más o menos, en un par de meses". "Recordemos que la carga de la Corte Suprema es bastante alta, bastante grave", puntualizó.
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