De acuerdo con la hipótesis fiscal, Edgar Tello habría ofrecido su voto y el de sus colegas del Bloque Magisterial en el Congreso de la República a cambio de que Patricia Benavides archive sus investigaciones.
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Defensa de Tello sostiene que debe ser investigado por el fiscal de la Nación
El congresista Edgar Tello insistió en su pedido ante el Poder Judicial para que la fiscal suprema Delia Espinoza no tenga a su cargo la investigación preliminar que se le sigue, junto a la suspendida magistrada Patricia Benavides y otros legisladores, por ser parte de una presunta organización criminal.
A través de su defensa legal, el legislador presentó un recurso de apelación contra la resolución que emitió el juez supremo encargado, Saúl Peña Farfan, el último 19 de abril, en la que declaró infundada la tutela de derechos con la que buscaba que se anule la disposición emitida por la fiscal suprema Espinoza Valenzuela en la que ordena su incorporación dentro de esta investigación preliminar a cargo de su despacho.
La defensa legal del congresista Edgar Tello demanda a la instancia superior que revoque a resolución emitida por dicho magistrado por adolecer de deficiencia insalvables en la motivación fáctica y jurídica.
Ante ello, el juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió el último 30 de abril "conceder " este recurso de apelación y remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final.
Según la hipótesis fiscal, Edgar Tello habría ofrecido su voto y el de sus colegas del Bloque Magisterial en el Congreso de la República a cambio de que Patricia Benavides archive sus investigaciones por un presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho congresal y por el caso conocido como 'Los Niños 2'.
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Defensa de Edgar Tello sostiene que su patrocinado debe ser investigado por el fiscal de la Nación
La defensa legal de Edgar Tello sostiene en su tutela de derechos que su patrocinado tiene prerrogativa por su condición de congresista de la República y, según el artículo uno de la ley 27399, debe ser investigado por el fiscal de la Nación y no por una fiscal delegada, en alusión a Delia Espinoza, quien emitió la disposición en la que se lo incorpora dentro de esta investigación preliminar a cargo de su despacho.
No obstante, el juez supremo Saúl Peña Farfán recordó que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y el fiscal supremo titular, Pablo Sánchez Velarde, se excusaron de intervenir en la presente investigación al tener la condición de testigos, "por lo que, en garantía de imparcialidad y defensa de una investigación respetuosa del derecho a un debido proceso, ellos no podían asumir actualmente la conducción de esta investigación, máxime si se ha puesto en conocimiento que la fiscal suprema Benavides Vargas considera que ellos habían adelantado opinión respecto a este caso al solicitarle su renuncia al cargo de fiscal de la Nación".
"Estando a lo antes expuesto, al existir solo tres fiscales supremos titulares, de los cuales dos están impedidos de intervenir, resulta razonable que el conocimiento del caso haya sido derivado por el fiscal de la Nación para que sea asumido por la fiscal suprema Espinoza Valenzuela, a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos", remarca la resolución del magistrado emitida el último 19 de abril.
"En consecuencia, siendo que en la presente carpeta se investiga al congresista Tello Montes, por la presunta comisión de delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo impropio, los que guardan conexidad, con la presunta comisión del delito de organización criminal que se ha atribuido a la investigada Liz Patricia Benavides Vargas que, según el cargo que ostentaban, realizaban desde aproximadamente diciembre 2021, no se aprecia que haya afectación al debido proceso ni a derechos específicos del solicitante", concluye el magistrado Peña Farfán.
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