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En la resolución, se indica que "el coronel Harvey Colchado se ha tomado atribuciones que no le corresponde" en el allanamiento de la mandataria Dina Boluarte, como el uso del ariete. La Inspectoría General de la Policía otorgó un plazo de 10 días para que Colchado y otros presenten sus descargos
Judiciales
En la resolución se indica que "esta situación permite denotar un apresuramiento en realizar el operativo policial"
La Inspectoría de la Policía Nacional del Perú inició un proceso administrativo disciplinario en la vía ordinaria contra el coronel Harvey Colchado, ex jefe de la Diviac, y otros cuatro integrantes de esta división policial por el allanamiento de la vivienda de la mandataria Dina Boluarte.
En la resolución, a la que ha tenido acceso RPP, se indica que "esta situación permite denotar un apresuramiento en realizar el operativo policial a pesar de una falta de previsión en la revisión y verificación de la orden de operaciones y sus anexos".
Se indica, además que no se ha consignado una resolución judicial y que otros documentos de Inteligencia tienen una resolución del 30 de marzo del 2024 cuando la operación policial inició el 29 de marzo.
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¿Cuáles son los motivos por los que se inició el proceso contra Harvey Colchado?
Dentro de las circunstancias que motivaron el proceso administrativo contra Harvey Colchado se menciona el uso del ariete conocido como 'Torito', el cual, advirtieron, "no se encuentra regulado en los instrumentos normativos y gestión de la institución policial".
Además, se advierte en el contenido de la resolución judicial que se dispone al Ministerio Público la ejecución de la medida coercitiva, autorizando entre ellos el descerraje de ser el caso de no permitirse el ingreso al inmueble. Sin embargo, "no se indica bajo qué medio o forma debía realizarse esta acción y si es la institución policial la que debía hacerlo".
Asimismo, se menciona que "el coronel Colchado se ha tomado atribuciones que no le corresponde: la atribución de usar, por ejemplo, el ariete conocido como 'Torito'".
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Las instituciones jurisdiccionales deberían contar con una autoridad inapelable. Pero lo que vemos actualmente es que carecen de ella más que nunca.
Jair Zevallos Morón Periodista
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