¿Qué presuntos delitos habrían cometido Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda para que se solicite su detención preliminar?

Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la jefa de Estado, respectivamente -además de otros investigados- fueron detenidos preliminarmente por la Diviac y el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP). La medida restrictiva fue solicitada por el Ministerio Público por un lapso de 10 días, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal, entre otros. 

Al respecto, RPP accedió al auto de detención preliminar judicial, dispuesto por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, donde se da cuenta de los presuntos delitos que habrían cometido los detenidos y cómo se habría configurado la referida organización criminal que estaría liderada por el hermano de la jefa de Estado. 

Así habría operado la presunta organización criminal que lideraría Nicanor Boluarte

Según el referido documento judicial, Nicanor Boluarte Zegarra estaría implicado en el delito de tráfico de influencias referido a cuatro hechos: influencias para la recolección de firmas en fichas de afiliación en la región San Martín, influencias para la designación de subprefectos para financiar red criminal y lograr recolección de firmas para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú, en la región Cajamarca, e influencias ilícitas para designación de cargos en entidades del Estado.

Además, el hermano de la mandataria estaría implicado en "actos corruptivos de Mateo Castañeda Segovia para neutralizar investigaciones" en su contra.

En esa línea, la presunta organización criminal liderada por Nicanor Boluarte, "investido del poder de facto otorgado por su hermana (...), habría instrumentalizado el aparato estatal de las prefecturas y subprefecturas provinciales y distritales en los departamentos de San Martín, Cajamarca y otros por determinar, con la finalidad de hacerse de dádivas económicas mediante su influencia ilícita en la designación de estos funcionarios políticos, representantes del Poder Ejecutivo, y también, obligar a estos a recabar fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones".

Asimismo, mediante el abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, se habría buscado "captar a miembros clave del Equipo Fiscal, con la finalidad de neutralizar la persecución penal" a Nicanor Boluarte, ofreciendo beneficios indebidos al Coordinador General del Equipo Especial de la PNP en apoyo al EFICCOP y otro miembro cercano a este (...), con la finalidad de lograr la continuidad del poder en una eventual contienda electoral" por la presidencia de la república.

"La finalidad de esta organización criminal sería la de copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político Ciudadanos por el Perú, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas", resalta el EFICCOP.

Según la Fiscalía, la supuesta organización criminal habría iniciado sus operaciones "inmediatamente después de que Dina Boluarte asumiera como Presidenta Constitucional de la República, esto es el 07 de diciembre del 2022". Ejemplo de ello es que el “grupo de confianza” de Dina Boluarte, según el EFICCOP, "procuró solicitar dinero a Teodoro Berrú Zurita para que asuma una subprefectura de Lima, puesto que quien manejaba esas designaciones era Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, eventos que hasta el estadio de la presente investigación continuaría desarrollándose".

Las presuntas acciones ilícitas

Para lograr los supuestos objetivos criminales, Nicanor Boluarte habría copado "la Dirección General del Gobierno del Interior del Ministerio del Interior, y la Dirección de Autoridades Políticas de dicho ministerio, a través de las designaciones ilegales de Subprefectos, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor de la organización criminal, y para la recolección de firmas para la inscripción de Ciudadanos por el Perú.

"Este hecho yace desde enero del 2023 con la designación de Armando Villalobos Leya, como Prefecto Regional de San Martín, por injerencia de Zenovia Griselda Herrera Vásquez, iniciando la materialización del plan criminal de instrumentalización del aparato estatal a través del copamiento de las Subprefecturas en favorecimiento de la red delictiva, plan criminal que hasta la fecha se continúa ejecutando; por consiguiente, la red delictiva se encuentra activa", indica el Ministerio Público.

"Es más, estas designaciones de haberse dado en la región San Martín, también se habría acontecido en las regiones de Ucayali y Loreto, con la participación de Zenovia Griselda Herrera Vásquez, (que) sin ser funcionaria pública es persona de confianza de Nicanor Boluarte Zegarra", agrega.

Asimismo, la Fiscalía indica que Nicanor Boluarte habría ejercido influencias, a través de Víctor Hugo Torres Merino -personaje que habría obtenido contratos por más de 35 mil soles en el MIDIS como "capacitador en gimnasia laboral"- para que Juan José Enciso Torres asumiera la dirección ejecutiva de Provías Descentralizado.

"Víctor Hugo Torres Merino, a pedido de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, lleva a la oficina de este último (...) a Juan José Enciso Torres puesto que quería conocerlo, donde Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, preguntó a Juan José Enciso Torres respecto a dónde trabajaba y a qué se dedicaba dentro de Provías Descentralizado, donde el hermano de la presidenta dijo: “Dina Boluarte necesita hacer una buena gestión”, por lo que, en octubre del 2023, habría recibido la propuesta ilícita de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, a través de Víctor Hugo Torres Merino, para que asuma la Dirección Ejecutiva de Provías Descentralizado", señala la Fiscalía.

En cuanto a los hechos que involucran a Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, la Fiscalía señala que "el 06 de febrero del 2024, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia (...) procuró neutralizar las investigaciones contra Nicanor Boluarte (...) ofreciendo beneficios de protección desde la más alta investidura a los coordinadores policiales que apoyan al Equipo Fiscal, para que comuniquen cualquier información contra este y su entorno más cercano".

"Al no haberse cumplido dicho resultado, se habrían desplegado acciones adversas contra el Equipo Policial que se encuentra a cargo de la investigación en cuestión, como la suspensión del cargo del coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamani, entre otras acciones; eventos que, hasta el estadio de la presente investigación, continúa desarrollándose", remarca el Ministerio Público.