Campañas por impuestos o por sanciones

Una interesante idea sería adaptar el mecanismo de “obra por impuestos” al diseño de “campañas informativas” a cambio de la sanción aplicada a empresas que incumplen con normas que afectan a usuarios/consumidores; es decir, podrían ser “cobradas” en forma de campañas que informen y concienticen a la población (adultos y niños) respecto de riesgos que pueden existir y afectar su bienestar y que son prioridad del Estado.

Marcel Ramírez

Marcel Ramírez

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El Estado tiene un rol fiscalizador y sancionador en diversos ámbitos desarrollados por la actividad privada (empresas y ciudadanos), especialmente en aquellos en los que su conducta de incumplimiento perjudica al usuario/consumidor de un bien o servicio o a sí mismo o a terceros. Los ejemplos son variados, como los de la “leche” que no era leche, la colusión en el mercado de papel higiénico, falta de idoneidad en servicios de empresas del sector de telefonía, entre otros. La sanción usualmente establecida por las normas es una multa que como cualquier otra sanción busca al menos: i) disuadir que las empresas incurran en incumplimiento de normas que afecten a los usuarios/consumidores y ii) resarcir el daño infligido sobre estos. En cualquiera de los casos reseñados, el perjuicio generado es imposible de ser resarcido por las multas, pues el daño afectó a usuarios/consumidores no identificables y no solo en sus ingresos, sino también probablemente en su salud.

Es probable que combatir las conductas de ilegalidad requiera de cambios de conducta en los actuales y futuros adultos, y no es posible realizarlo solo aplicando multas.
Es probable que combatir las conductas de ilegalidad requiera de cambios de conducta en los actuales y futuros adultos, y no es posible realizarlo solo aplicando multas. | Fuente: Andina

Es probable que combatir las conductas de ilegalidad requiera de cambios de conducta en los actuales y futuros adultos, y no es posible realizarlo solo aplicando multas. Un caso dramático es el de los accidentes de tránsito. El aumento de los ingresos en muchos países en desarrollo ha dado lugar a una acelerada motorización, pero la gestión y las regulaciones en materia de seguridad vial no han avanzado al mismo ritmo. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, los accidentes de tránsito le pueden estar costando al Perú alrededor de 1,5% del PBI. Dicho organismo señala que los responsables de las políticas deben dar prioridad a inversiones en seguridad vial de eficacia comprobada. Los costos de la inacción en dicha materia se traducen en más de 1,25 millones de muertes al año a nivel mundial, disminución de la productividad y reducción de las perspectivas de crecimiento. Algunos expertos han advertido que en el Perú, un estilo de conducción muy agresivo y peligroso propicia los accidentes de tránsito y por ello es fundamental, entre otras cosas, destinar recursos a “temas subatendidos” como las capacitaciones de los conductores y la concienciación de los riesgos viales.

¿Existiría alguna mejor forma de direccionar algunas multas o incluso impuestos? Cuanta más vinculación exista entre la sanción y el perjuicio generado, mejor será el resarcimiento del régimen sancionatorio. Es decir, si el dinero recaudado por multas es utilizado en actividades que favorezcan a los usuarios/consumidores que pertenecen al grupo o sector afectado, más eficaz será el régimen sancionatorio.

Por otro lado, nuestro sector público en general carece de capacidad para generar campañas informativas hacia usuarios/consumidores respecto a sus derechos y, así, reducir la asimetría de información que existe entre ellos y los ofertantes de productos en los diversos mercados. Asimismo, existe una serie de conductas de parte de los ciudadanos que generan graves consecuencias en otros como el incumplimiento de las normas de tránsito con resultados fatales. La falta de campañas dirigidas a los ciudadanos refleja que el Estado ha dejado de lado una de sus funciones importantes y crea una distancia entre el Estado y los ciudadanos.

Una interesante idea sería adaptar el mecanismo de “obra por impuestos” al diseño de “campañas informativas” a cambio de la sanción aplicada a empresas que incumplen con normas que afectan a usuarios/consumidores; es decir, le podrían ser “cobradas” en forma de campañas que informen y concienticen a la población (adultos y niños) respecto de riesgos que pueden existir y afectar su bienestar y que son prioridad del Estado. Algunos ejemplos de campañas serían: contra la trata de personas, violencia contra la mujer, seguridad de niños y jóvenes en las redes sociales, bullyingsexting, estrategias de ahorro, seguridad vial, cumplir las normas de tránsito, contra la evasión de impuestos.

Nuestro sector público asigna insuficientes recursos a campañas informativas y a sensibilizar a los ciudadanos. Asimismo, no posee el expertise para desarrollar campañas que generen efectivamente cambios de conducta. El rol de las sanciones no es ser fuente de ingresos para entidades públicas, sino desincentivar las conductas ilegales/dañinas y los riesgos a los que los ciudadanos se ven expuestos en su vida diaria por su propia irresponsabilidad. Requerimos un Estado más creativo en su relación con los privados y que reconozca sus debilidades en lograr el bienestar de los ciudadanos, especialmente de aquellos desinformados y más desprotegidos. En estos tiempos, la creación de valor público debe entenderse como un esfuerzo de cocreación y no de trabajo aislado de parte del Estado, complementando expertise en favor de los ciudadanos.

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