Los proyectos de ley impulsados por la bancada de Acción Popular que encienden las alarmas, según especialistas

En los últimos meses, la bancada de Acción Popular viene impulsando proyectos de ley que han sido blanco de cuestionamientos y que despiertan sospechas sobre a quienes podría resultar beneficioso su eventual aprobación, según especialistas consultados por El Poder en Tus Manos.

Una de estas iniciativas es aquella con N° 5652/2023-CR que busca restituir la inmunidad parlamentaria, prerrogativa que fue eliminada en el año 2021 porque era utilizada por los congresistas como un mecanismo de blindaje ante investigaciones por casos de corrupción. Este proyecto actualmente se encuentra en evaluación en la Comisión de Constitución.

Por otro lado, en enero de este año, se presentó el proyecto de ley N° 6918/2023-CR para que los congresistas puedan ser elegidos gobernadores o alcaldes si su mandato vence el mismo año que se lleven a cabo las elecciones regionales y municipales, escenario que actualmente no prevé la norma. Esta propuesta, si bien fue presentada por miembros de la bancada de la lampa, tiene como autor principal al cuestionado Darwin Espinoza, uno de los congresistas investigados en el caso ‘Los Niños’.

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Iniciativas como estas evidencia que los legisladores ya se encuentran pensando en las futuras elecciones en lugar de gestionar proyectos con un impacto real que permita atender demandas de los ciudadanos, sostiene el politólogo Alejandro Boyco.

“Estos proyectos de ley no están apuntando a mejorar la situación del país o la representación que tienen los congresistas con sus electores, sino que, todo lo contrario, son una muestra más de cómo este Congreso está impulsando iniciativas con el único objetivo de beneficiarse así mismo como parlamentarios, como partidos políticos o ciertos grupos con capacidad de movilización”, sostiene.

Para el especialista, el papel que ha tomado la bancada de Acción Popular “no es un caso atípico” en el actual Congreso, caracterizado por una lógica en que los “congresistas temen perder el poder, existen grupos políticos que saben que están muy desprestigiados y que están haciendo lo posible por sostenerse”.

“El caso de Acción Popular en particular es grave porque hay muchos casos de presunta corrupción que los persigue. El caso de 'Los Niños' es el más conocido. Entonces, que estos proyectos salgan de estos congresistas solo agrava la situación y solo demuestra cómo ya no hay ningún intento de mantener las apariencias”, precisa.

Propuestas para modificar la Ley de Contrataciones del Estado

A inicios de abril, la bancada de Acción Popular planteó el proyecto de ley N° 7437/2023-CR que propone cambios a la Ley de Contrataciones del Estado a fin de que parientes de periodistas no contraten con el Estado hasta un año después de abandonar el periodismo.

Con esta iniciativa se buscaría no solo limitar las proyecciones profesionales de los periodistas, sino también de sus familiares en represalia a los destapes periodísticos que dejan en evidencia a malos congresistas, sostiene Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana.

“¿Existe sustento para una propuesta como esta? En realidad no. El interés detrás de esto es venganza contra periodistas. Es una propuesta vindicativa porque, de manera implícita, reconoce que los periodistas somos responsables de que las cosas de estos señores del Congreso se conozcan: caso ‘Los Niños’, ‘Mochasueldos’ y demás”, comenta.

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También podemos ver contradicciones en algunas propuestas. Si un proyecto busca restringir las contrataciones desde el sector público, otra iniciativa de la misma bancada apuntaría a extender este aspecto, pero para personas del entorno de altas autoridades, como los legisladores.

A mediados de abril, Darwin Espinoza presentó el proyecto 7575/2023-CR que plantea eliminar el impedimento de que familiares de congresistas y otras altas autoridades puedan ser proveedores del Estado.

Si bien no es posible sancionar a una persona por tener un familiar congresista, la clave de las contrataciones esta concentrada en el control o la vigilancia que se pueda hacer al sistema de declaraciones o conflicto intereses de las licitaciones estatales, comenta al consultor en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios, Martín Cabrera.

“No puedes condenar a una persona a no poder contratar con el Estado si ya tiene una práctica, una experiencia. Ahora, si a partir de que el pariente que se hace congresista, este proveedor se vuelve millonario o alguien que fue proveedor tiene mucha suerte y gana mucho, ya ahí es lo que se tiene que investigar”, sostiene.

Expertos coinciden en que estas iniciativas contarían con poco respaldo en el Congreso para su posible aprobación. Sin embargo, resaltan la audacia que existiría hoy en sectores del Parlamento para promover iniciativas que buscarían atender intereses propios y no de la ciudadanía en su conjunto.