por Freddy Chávarry
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Canelo (Libertad Popular) y Salas (Alianza para el Progreso) también expusieron sus ideas respecto al combate de la criminalidad y la reforma del sistema de justicia.
Los candidatos al Senado Raúl Canelo, de Libertad Popular, y Martín Salas, de Alianza para el Progreso, expusieron sus propuestas en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y reforma del sistema de justicia durante el bloque El Poder en Tus Manos, de RPP.
Consultado sobre las denominadas leyes "procrimen", Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, propuso su derogación y recordó que, tras reuniones con diversos gremios, pymes, sindicatos, transportistas informales y mototaxistas, impulsó en agosto de 2025 un proyecto de ley para este fin.
"Estas leyes, y aquí creo que coincidimos, no favorecen la lucha contra la criminalidad; todo lo contrario, le han restado facultades a la Fiscalía, le han dado más facultades a la Policía; el tema del allanamiento es simplemente desastroso", mencionó Canelo, quien también cuestionó el papel del Tribunal Constitucional respecto a estas normas.
Por su parte, Martín Salas, exfiscal supremo, aseguró que fue "el primer abogado" que alzó la voz contra estas leyes desde su promulgación, pues "favorecen a la criminalidad organizada". De llegar al Senado, buscará promover la auditoría de cada una de esas normas y de los congresistas que las promovieron, así como la derogación de aquellas que hayan debilitado la lucha contra el crimen organizado.
"Los autores de estas normas procrimen van a tener que rendir cuentas primero al ámbito político y luego al ámbito judicial. Caiga quien caiga", refirió.
Reforma del sistema de justicia
Respecto a la reforma del sistema de justicia, Canelo afirmó que desde hace más de 40 años existen proyectos de reforma del Poder Judicial; sin embargo, consideró que estos deben garantizar la independencia de poderes. Por ello, señaló que existe una "tiranía congresal" que "ha tomado todos los organismos vinculados a la administración de justicia", como la Defensoría del Pueblo, parte del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
"Han querido atacar los gremios como el Colegio de Abogados, que tienen injerencia en algunos temas de justicia, nombrar representantes. Es decir, no hay independencia de poderes. Lo que tenemos que hacer es atacar justamente a este pacto mafioso y yo no votaría, por ejemplo, por ninguno de los que han participado en la redacción de estas leyes", manifestó.
Salas, por su parte, planteó despolitizar el nombramiento de funcionarios "aforados", entre ellos el Defensor del Pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional y los miembros de la JNJ. Indicó que, mientras esos nombramientos sean de carácter político, no se recuperará la autonomía e independencia de la administración de justicia.
Penalización de menores de edad
Consultados sobre la posibilidad de aplicar penas de adultos a menores de edad, ambos candidatos rechazaron esa medida. Canelo sostuvo que sancionar penalmente a menores de 18 años va en contra de lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y recordó que el TC declaró inconstitucional la norma, sumándose a la preocupación de organismos internacionales por el tema.
Por su parte, Salas apuntó que responsabilizar penalmente a menores no representa una solución a la criminalidad. Señaló que ya existen reglas de internamiento que incluyen tratamiento psicológico, pero deben optimizarse estos procesos, ya que el sistema penitenciario peruano no garantiza una adecuada rehabilitación.
"Nuestras cárceles están, de mal en peor, empezando por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que no tiene un tipo de escalafón de respeto. No hay un proceso de rehabilitación. Es totalmente peligroso someter a un menor de edad a una pena privativa de libertad", remarcó.
Sobre otras propuestas, Canelo apunta a impulsar normas sobre mejorar la seguridad jurídica en la contratación pública, pues las contingencias por arbitrajes —como los casos Santa Rosa, Carretera Central, Peajes y Brookfield— podrían alcanzar los 30 mil millones de dólares, arbitrajes que el Perú "va a perder".
En tanto, Salas planteó la creación de una Superintendencia Nacional de Contrataciones para evitar la corrupción dentro del Estado. Este organismo deberá centralizar compras y procesos de reclutamiento para evitar el uso indebido de recursos públicos por parte de autoridades regionales o locales. Por otro lado, también propuso repotenciar el Servicio de Inteligencia Nacional.
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