Los partidos políticos que tienen bancada en el Congreso de la República reciben financiamiento público, de acuerdo a ley, durante cinco años para ayudarlos en su fortalecimiento institucional. Las diez agrupaciones con este beneficio, ¿en qué deberían estar usándolo?
Son 10 los partidos políticos que, luego de que sus candidatos alcanzaron escaños en el Congreso de la República en las últimas Elecciones Generales 2021, reciben de parte del Estado financiamiento público directo, es decir dinero de todos los peruanos para poder fortalecerse institucionalmente.
Estas agrupaciones políticas son: Partido Político Nacional Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País - Partido de Integración Social, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado.
Este financiamiento se brinda desde el 2017 y se encuentra normado en la Ley de Organizaciones Políticas. Se entrega anualmente y debe ser utilizado durante los cinco años posteriores a las elecciones generales en las que fueron electos, los cinco años del período congresal.
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¿Cuánto dinero reciben?
Como con todo dinero público, se debe rendir cuentas acerca de la manera en que se hace uso de este dinero, por ello, la ley contempla los límites que deben tener en cuenta las organizaciones políticas al momento de usarlo.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señala que, según el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, hasta el 50 % del financiamiento público directo debe ser usado para gastos del funcionamiento ordinario de los partidos, como puede ser la adquisición de bienes inmuebles o muebles necesarios para las actividades partidarias, así como para la contratación de personal y servicios diversos.
A su vez, no menos del 50 % del financiamiento debe destinarse para actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre mujeres y hombres.
Los montos se distribuyen proporcionalmente, teniendo en cuenta a la agrupación política que recibió más votación, por ende, con más escaños en el Congreso. La repartición de fondos correspondiente de enero a junio de este año ha sido la siguiente:
Partido Político Nacional Perú Libre (S/ 1,075,639.61), Fuerza Popular (S/957,530.59), Renovación Popular (S/ 843,268.72), Acción Popular (S/ 825,571.60), Alianza para el Progreso (S/ 741,414.23), Avanza País – Partido de Integración Social (S/ 741,130.77), Juntos por el Perú (S/ 687,321.48), Partido Democrático Somos Perú (S/ 661,153.18), Podemos Perú (S/ 644,211.68) y el Partido Morado (S/ 620,759.78).
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Hay que mejorar la eficiencia del gasto
La ONPE informó que hasta el 15 de julio del presente, fecha límite para presentar en qué se está invirtiendo este financiamiento, las diez organizaciones políticas mencionadas presentaron el reporte de sus gastos del primer semestre del 2024. Esta rendición deberá ser verificada, pues se analizan desde contratos, recibos y todo documento que justifique los gastos, en concordancia con el plan de inversión de cada organización política.
Los libros contables con los registros de compras, ventas, libro diario, libro mayor, libro de inventario y balances, libro de activos fijos y libro caja; también son revisados.
¿Y cómo están utilizando el dinero los partidos políticos?, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla opinó: “Hasta la mitad del periodo [congresal], es decir, diciembre del 2023, ningún partido ha gastado lo que le corresponde. Por tanto, no hay capacidad siquiera de gasto y eso muestra lo que son los partidos políticos en el Perú”, dijo.
Por su parte, el especialista en Derecho electoral, Jorge Jáuregui, considera que los partidos políticos deben utilizar el dinero principalmente para capacitar a sus militantes: “Los recursos del financiamiento público deben llegar de una forma más abierta a la militancia, a las personas que forman parte de los partidos para que puedan recibir capacitaciones, desarrollar actividades partidistas. Es más eficiente el uso de los recursos públicos logrando que lleguen al conjunto de la militancia con mejores condiciones logísticas”.
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