Marchas, debates y nuevo gabinete: Perú a una semana de la disolución del Congreso

A pesar de las posturas antagónicas entre la derecha que sostiene que se gestó un golpe de Estado y la izquierda, que asegura lo contrario, el Perú funciona sin dificultad, aunque todavía sin tener claro las competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

El Congreso de la República de Perú fue disuelto el pasado 30 de septiembre. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRIS BOURONCLE

A una semana del cierre del Congreso y el llamado a elecciones decretado por el presidente Martín Vizcarra -el suceso político más grave que ha vivido Perú en lo que va de siglo- la situación está plenamente normalizada, sin dramas y con una oposición que reconoce una situación de la que ha salido muy dañada.

Una ciudadanía que ha vivido estos hechos, que han probado los límites de la Constitución, no solo con normalidad, sino mostrando su apoyo abrumador a la medida; un Gobierno sólido que no ha ido más que recabando apoyos, y una facción de congresistas opositores, dominados por el fujimorismo, cuyos coletazos e intentos para revertir la situación o alterar en su relato parecen haber caído en saco roto, son las claves que explican la situación.

Apoyo ciudadano

Desde un primer momento, cuando en la tarde del lunes 30 de septiembre Vizcarra decretó la disolución de la cámara y convocó nuevas elecciones para el 26 de enero, el apoyo ciudadano se percibía como mayoritario y evidente.

Las encuestas que comenzaron a publicarse este pasado domingo le han puesto cifras a esa sensación que son imposibles de rebatir: el 84% de los peruanos apoyan los pasos tomados por el presidente, mientras que el 70% considera además que los pasos tomados se ajustan plenamente a la Constitución.

Sólo el 8 % de la población está en contra del cierre del Legislativo, la misma cifra que los peruanos que no han escuchado del tema o son indiferentes.

Apenas un 22% de los encuestados defiende la postura de los legisladores fujimoristas y sus aliados de derecha y extrema derecha de que se trató de un "golpe de Estado", revelando la paradoja de que muchos de los encuestados defienden al Gobierno incluso pese a considerar que su accionar fue ilegal.

Sucesos del | Fuente: AFP

Confianza del Ejecutivo

Mientras, Vizcarra y sus colaboradores no han hecho más que recibir apoyos implícitos o explícitos de todas partes, como por ejemplo del premio Nobel Mario Vargas Llosa, y han reafirmado su posición de dominio en esta crisis de la que parecen emerger con mucha fuerza.

La presentación de un nuevo Ejecutivo el pasado jueves sirvió para reforzar esa imagen de control, que se vio acompañada de mensajes simbólicos de gran calado político que hablan de una creciente confianza y solidez.

Ocho ministros del gabinete del ex primer ministro Salvador del Solar se mantuvieron en el nuevo Gobierno que dirige Vicente Zeballos, que cambió carteras claves como Economía, Relaciones Exteriores y Defensa.

Sin embargo, los diez ministros y el premier que abandonaron sus cargos participaron de forma activa y sonriente en la transferencia de poderes y la jura de sus sustitutos, descartando así que las "observaciones" que varios de ellos presentaron ante Vizcarra por la disolución supusieran un quiebre con la línea del presidente.

El nombramiento de María Antonieta Alva, una tecnócrata de 34 años, al frente del Ministerio de Economía, fue también un golpe de efecto que habla, por un lado, del afán por mantener las políticas macroeconómicas ya vigentes en el país y por otro de renovar la imagen del Ejecutivo con nuevas opciones, mucho más frescas.

Un golpe o no tanto

La oposición que se niega a aceptar se ha ido desinflando con el paso de los días, y su discurso se ha ido moderando, particularmente el de sus líderes, atenazados por el escaso respaldo popular y por los escasos recursos legales a su disposición.

Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso y uno de los principales opositores a la disolución de la Cámara, pasó de definir lo sucedido como un golpe de Estado a denunciar tan solo "un abuso de autoridad".

También se ha pasado de propuestas para "resistir hasta quemar el último cartucho" a insistir que el Tribunal Constitucional revise la situación para buscar "una solución conjunta" incluso si ese organismo le da la razón a los diputados rebeldes.

Otras circunstancias han sido más humillantes, como por ejemplo la situación de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien el lunes pasado juró como "presidenta encargada" y que desde entonces solo ha aparecido en los medios para desdecirse y deslindarse lo más posible de la situación.

Sólo queda un núcleo duro, encabezado por fujimoristas acérrimos y el Partido Aprista que denuncian una dictadura 'castrochavista comunista vizcarrista'.

Centenares de personas convocadas por las redes sociales se manifestaron durante la jornada de este lunes en Lima para defender esa tesis, en una marcha liderada por representantes del colectivo ultraconservador "Con mis hijos no te metas", al que pertenece Olaechea.

EFE

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