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Patricia Hoyos, de Centro Liber, y Diana Chávez, de Transparencia, comentan acerca de las dificultades o trabas que han enfrentado cuando formularon solicitudes de información pública a las diversas entidades del Estado para fiscalizar el accionar de las autoridades.
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Patricia Hoyos, de Centro Liber, y Diana Chávez, de Transparencia, comentan sobre el acceso a información pública en el Perú
El acceso a la información pública es un derecho previsto en la Constitución Política del Perú por el cual todo ciudadano en el país puede requerir a las instituciones del Estado documentación creada en el marco de sus funciones, sin la necesidad de exponer los motivos por los que lo requiere o el modo en qué utilizará esta data. La información pública comprende oficios, actas, reportes estadísticos, manuscritos, correos electrónicos, etc., que permiten llevar a cabo una mejor fiscalización a las autoridades.
Este instrumento también ha permitido que medios de comunicación realicen destapes periodísticos sobre presuntos actos de corrupción de quienes ejercen cargos de poder. No obstante, los pedidos tramitados no siempre han llegado a buen puerto o incluso varios de ellos han sido negados sin mayor justificación por parte de las instituciones.
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Las trabas para acceder a la información pública
Patricia Hoyos, directora de Centro Liber, un proyecto del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) especializado en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Perú, manifiesta a El Poder en tus Manos que el acceso a la información pública “es un requisito fundamental para el funcionamiento de la democracia”. Ello, debido a que “incrementa los niveles de transparencia” de los entes públicos y otorga a la sociedad la facultad de un acceso oportuno a la información.
Para el ejercicio de la labor periodística, Hoyos comenta que, en lo que va del año, Centro Liber ha presentado alrededor de 500 solicitudes de acceso de información y obtuvo respuesta oportuna en el 52% de los casos, lo que les permitió advertir sobre casos de presunta corrupción en la administración pública relacionada al uso irregular del avión presidencial durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
No obstante, sostiene que se ha vulnerado el acceso de información pública en más del 40% de las solicitudes presentadas mediante respuestas negativas, “promovidas por desconocimiento de la norma en su mayoría, pero en otros casos, por un abuso de autoridad”.
“Entre estos argumentos negativos están, por ejemplo, los cobros injustificados e ilegales por la información, la denegatoria sin fundamentar, los silencios administrativos, los datos ilegibles, así como las respuestas en formato inaccesibles que nos han remitido las instituciones. Todas estas causas forman parte de aquellas respuestas que a veces nos dan las instituciones y por el cual el ciudadano desiste de ejercer su derecho de acceso a la información pública”, señala.
La periodista Patricia Hoyos considera que la negativa en los pedidos planteados a las instituciones de los diferentes niveles del Estado no solo van en contra de los principios de publicidad y accesibilidad, sino que "demuestran el poco interés en velar por la transparencia del país”. Además, precisa incluso, en otros casos, al requerir data sobre gastos de ‘caja chica’ de los gobiernos regionales, funcionarios se comunicaron con ellos “para preguntar el por qué y para qué queríamos acceder a esa información” cuando ningún ciudadano está obligado a motivar su solicitud.
“En mi opinión, se deben establecer estándares y mejores prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información en el país si a lo que aspiramos es tener instituciones públicas como verdaderas casas de cristal”, recalca.
Hoyos recuerda que, por ejemplo, durante la gestión de María del Carmen Alva como presidenta del Congreso, se pretendió cobrar S/ 1560 para acceder a copias de las rendiciones de cuentas de asesores parlamentarios durante la semana de representación cuando se había solicitado que la información se entregue de forma digital, lo cual es gratuito de acuerdo a ley.
También señala que, en otro momento, se les ocultó información desde Palacio de Gobierno sobre el expediente de contratación como asesor FAG del entonces abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas; y, hace poco, se les impidió acceder a los informes de viaje al exterior que realizó Dina Boluarte como ministra de Inclusión Social.
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Denegatorias sin suficiente sustento
Por su parte, Diana Chávez, directora de proyectos en la Asociación Civil Transparencia, manifiesta que el pedido de acceso a información “debería ser el último recurso” de una práctica de transparencia permanente que debe partir desde las instituciones públicas, con la documentación que se encuentre disponible y de fácil acceso para el ciudadano.
“Creo que es importante que toda la ciudadanía lo conozca (cómo solicitar información pública) porque es justamente el contrapeso al ejercicio del poder y es un derecho que permite el control del poder público; y que, además, ayuda a materializar otra serie de derechos (...), ayuda al ejercicio de la labor periodística, pero también a controlar cómo es que las obras de infraestructura pública se desarrollan”, menciona.
Chávez indica que, desde Transparencia, han formulado pedidos a entidades como ministerios y el Congreso de la República, y que, si bien ha existido una respuesta favorable en la mayoría de los casos al tratarse de una organización, se requiere ser “lo más conciso y preciso posible” a la hora de formular el tipo de información que se busca.
“Cuando uno hace el pedido de información como ciudadana o ciudadano, muchas veces te preguntan ‘pero para qué quieres esta información’ o ‘en qué la vas a utilizar’ cuando en realidad el acceso a la información no tiene que estar justificado en nada, es válido por sí mismo”, puntualiza.
Comenta que, para negar la entrega de información, algunas instituciones se excusaron al señalar que el cambio de formato de data requería el procesamiento de la misma, acto que se encuentra fuera de los alcances de la ley. En otra oportunidad, refiere, un municipio rechazó el pedido al sostener que la información solicitada era reservada, cuando “la norma te dice que la información reservada no es competencia de las municipalidades”, sino del Gobierno Nacional.
“Ese tipo de pretextos, a veces lo que tiene por detrás son políticas con formas de gobernar que están contra la transparencia, gestiones que se amparan en la opacidad o que piensan que el escrito público es algo negativo cuando en realidad es un contrapeso al poder público y al poder delegado justamente por la ciudadanía cuando ha elegido a sus autoridades”, insiste.
Karina Valencia Pantoja Periodista
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